Quito. La Asamblea Nacional de Ecuador calificó este martes como “vergonzosas” las disculpas públicas ofrecidas recientemente por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a las familias de los cuatro menores desaparecidos y ejecutados tras ser capturados el 8 de diciembre por una patrulla militar.
En un comunicado oficial, el Legislativo señaló que fue “vergonzosa (la) cadena nacional del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, mediante la cual simuló pedir disculpas públicas por el caso de los cuatros niños de Las Malvinas”, un sector de la ciudad de Guayaquil (suroeste).
En el texto, la Secretaría General del parlamento precisó que la Asamblea Nacional compareció mediante un amicus curiae, no como “amigos del juez”, como señaló el funcionario.
“En su rol como primer poder del Estado, actuó en conjunto con otras instituciones, públicas y privadas, como: la Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, como una voz contra la ineficacia, la desidia y la complicidad en este grave suceso que conmocionó al pueblo ecuatoriano”, precisó.
Enfatizó, además, en la separación de poderes consagrada en la Constitución vigente y llamó a rechazar cualquier intento de intromisión en el ejercicio de las funciones del Estado.
“Por ello, nos causa profunda preocupación y asombro las amenazas que el ministro de Defensa ha lanzado contra la jueza que ha cumplido con su deber”, añadió.
Los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos (14 años) e Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años) y sus amigos Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años) fueron arrestados por 16 militares y llevados a más de 40 kilómetros de distancia, donde se les vio con vida por última vez.
El 24 de diciembre se reportó el hallazgo de cuatro cadáveres en la zona cercana a la base aérea de Taura, a la que pertenecían los militares de la referida patrulla, y el 31 de diciembre se confirmó la identidad de los cuerpos de los niños, quienes habían sido maniatados y calcinados.
Este hecho conmocionó al país y generó movilizaciones en varias ciudades del país donde los activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigían al gobierno del presidente Daniel Noboa, la búsqueda de los niños tras más de dos semanas de la denuncia de su desaparición.
Los implicados permanecen actualmente en prisión preventiva para investigación, por el presunto delito de desaparición forzada; en tanto el Legislativo inició un proceso de juicio político contra el ministro de Defensa por incumplimiento de funciones en este caso.
Al ofrecer disculpas públicas, por orden de un fallo de la jueza Tanya Loor, el ministro rechazó la acusación contra las Fuerzas Armadas por la desaparición forzada de los cuatro menores y aseveró que “no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”.
El funcionario señaló que “llegarán hasta las últimas consecuencias” para que se sancione la actuación de la jueza Loor que emitió el fallo, al considerar que ello ha generado una persecución política.
Según Loffredo, quien enfrenta un proceso de juicio político por este caso, Loor se pronunció a pesar de que no tenía capacidad ni facultad alguna para hacerlo.
