Ciudad de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este jueves los resultados conjuntos sobre la defensoría pública, los cuales ofrecen información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y las Unidades Estatales (UE) encargadas de la función de defensoría pública y/o asesoría jurídica.
Durante 2023, se solicitaron 963 mil 915 asuntos de defensoría pública a nivel nacional: 23 mil 751, en el IFDP y 940 mil 164, en las UE de defensoría pública o de asesoría jurídica. El IFDP admitió la totalidad de asuntos y las UE admitieron 99.4 por ciento y no admitieron 0.6 por ciento.
En el mismo periodo, un millón 92 mil 789 personas estuvieron involucradas en los asuntos de defensoría pública: 59.6 por ciento correspondió a hombres y 23.1 por ciento, a mujeres. En los servicios de asesoría jurídica se involucraron un millón 608 mil 162 personas: 51.7 por ciento correspondió a mujeres y 47.1 por ciento, a hombres.
Al cierre del año pasado, el IFDP y las UE atendieron un millón 46 mil 495 asuntos de defensoría pública y concluyeron 766 mil 344. En las delegaciones de Ciudad de México y Baja California se concentró 22.9 por ciento del total de los asuntos de defensoría pública atendidos y 24.7 por ciento de los concluidos en el IFDP. En las UE, Oaxaca y Ciudad de México concentraron 28.2 por ciento de los asuntos atendidos y 34.5 por ciento de los concluidos.
Del total de delegaciones del IFDP y las UE de defensoría pública o de asesoría jurídica, las materias más atendidas fueron: penal, con 77.7 por ciento (460); civil, con 57.6 por ciento (341), y familiar, con 55.7 por ciento (330).
De acuerdo con el Inegi, al cierre de 2023, se reportaron 9 mil 709 personas adscritas al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y a las Unidades Estatales (UE) de defensoría pública o de asesoría jurídica. Según el principal cargo o función desempeñada, 52 por ciento correspondió a personas defensoras públicas; 32 por ciento, a personal administrativo y de apoyo; 7.5 por ciento, a personas asesoras jurídicas; 4.2 por ciento, a personal directivo; 1.6 por ciento, a personas trabajadoras sociales; 1.5 por ciento, a personas peritas; 0.4 por ciento, a personas supervisoras y evaluadoras y 0.8 por ciento desempeñó otro cargo.
El presupuesto ejercido por el IFDP fue de 4.02 billones de pesos corrientes y por las UE de defensoría pública y de asesoría jurídica fue de 4.27 billones de pesos corrientes. Dicha cifra presentó un aumento de 31.5 por ciento en el IFDP y de 0.5 por ciento en las UE, respecto a 2022.
Asimismo, se registraron 32 delegaciones del IFDP y 560 UE de defensoría pública y de asesoría jurídica. De acuerdo con el total, 70.3 por ciento de las delegaciones y unidades desarrolló las funciones de defensoría pública y asesoría jurídica; 26.2 por ciento, solo defensoría pública y 3.5 por ciento, únicamente de asesoría jurídica.
