Ciudad de México. Aunque la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) no abordará la denuncia del PAN contra los concesionarios de radio por la transmisión del programa La Hora Nacional, donde se promovió la imagen de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona señaló que se actuará conforme a lo que marca la ley.

Sin embargo, aclaró que este instituto no sanciona, sino que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es quien debe resolver e imponer multas.

Con ello, señaló que será la sala regional especializada la que tendrá que analizar este caso e imponer sanciones económicas a quien considere por las faltas a las normas electorales.

Cuestionado sobre la petición que le hizo la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) al INE, comentó que la queja presentada por los dos legisladores del blanquiazul está en manos de la comisión de quejas, quien “resolverá oportunamente, aunque en el fondo le corresponde al tribunal resolver esta situación”.

Por otro lado, informó que el instituto cuenta con 18 millones de pesos para el Fondo de apoyo para la observación electoral, el cual se había eliminado del presupuesto aprobado para el ejercicio 2024.

Al respecto, la consejera Norma de la Cruz señaló que este fondo “es un mecanismo que busca brindar asistencia técnica y financiera para realizar observación electoral en el país y hay dos áreas: como organización de la sociedad civil y como instituciones de educación superior”.

En conferencia de prensa, comentó que hasta el 2 de abril estará en línea un sitio de internet para descargar los documentos y los interesados puedan inscribirse y participar en este ejercicio.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos es el encargado de manejar este fondo, pues se firmó el convenio el 13 de marzo y se aprobó el 18 de marzo y el 19 se emitió la convocatoria.

“Buscamos promover que se registren para ser observadores electorales y por ello se han enviado correos para invitar a más de dos mil 900 organizaciones civiles en el país y se incremente el número de instituciones de educación superior.

 

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