Bogotá. El canciller colombiano, Álvaro Leyva, fue llamado a juicio disciplinario y suspendido por tres meses, informó el miércoles la Procuraduría al hallar posibles irregularidades durante un millonario y polémico proceso de licitación para elaborar pasaportes.
La suspensión es de efecto inmediato y podría prorrogarse por otros tres meses, según la ley colombiana que rige las investigaciones disciplinarias.
Leyva no se pronunció de inmediato sobre la decisión de la Procuraduría. Según la cancillería, cumple una agenda en Ginebra en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en defensa de su ministro y señaló la decisión del órgano de control como un intento de debilitar “el gobierno popular”.
“No puede ser que lo que se presenta ante el mundo sea la vergüenza de que se suspenden los funcionarios que están haciendo su tarea”, indicó Petro durante una declaración en Nariño, al suroeste del país, en referencia a que Leyva ha gestionado la posible visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Colombia el próximo mes.
La Procuraduría —encargada de las investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos— detalló en un comunicado que Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias calificadas provisionalmente como “gravísimas a título de dolo”.
La investigación se centra en el proceso de licitación para elegir a la empresa encargada de diseñar e imprimir los pasaportes en Colombia con un presupuesto cercano a los 150 millones de dólares.
Las presuntas faltas disciplinarias habrían sido cometidas al declarar desierta la licitación de 2023 sin los fundamentos “fácticos, jurídicos y técnicos” necesarios y por decretar luego una urgencia en el trámite del contrato sin que, al parecer, existieran causales suficientes.
La Procuraduría decidió suspender al canciller provisionalmente para evitar que reitere las fallas disciplinarias y dado que sigue a cargo del nuevo proceso para la elaboración de los pasaportes.
La licitación para elaborar pasaportes ha estado rodeada de polémica. En mayo de 2023 se dio apertura a la licitación en la que un operador llamado Thomas Greg & Sons era el único que cumplía con los requisitos y ya en el pasado había elaborado los pasaportes.
La cancillería recibió críticas de algunos sectores y de la prensa que señalaban un posible favoritismo por ese operador para que se quedara con el contrato. La Procuraduría advirtió entonces que vigilaba de cerca que se dieran garantías de “selección objetiva”.
Petro se ha opuesto a que se adjudiquen contratos cuando haya un único proponente habilitado porque a su juicio impiden que haya competencia real.
Luego de las críticas, en septiembre de ese año la cancillería declaró desierta la licitación, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso.
Leyva explicó en diciembre pasado al Congreso que decidió declarar desierto el proceso por las observaciones presentadas por otros oferentes que consideraban que no se estaban garantizando los principios de igualdad de oportunidades.
La decisión fue refutada y la empresa anunció que demandaría al Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares).
Ante la incertidumbre por la expedición de los pasaportes, la cancillería recurrió en octubre a la figura de “urgencia manifiesta”, una excepción legal que permite que se contrate directamente sin realizar una licitación. Según la entidad, la ”única firma que acreditó” tener la capacidad para ejecutar el contrato de inmediato fue Thomas Greg & Sons, que finalmente lo obtuvo.
La cancillería ha dicho que planea abrir una nueva licitación para la elaboración de los pasaportes.
