Atlanta. El Senado de Georgia aprobó el jueves un par de medidas que pretenden obligar a los gobiernos locales a colaborar con la deportación de migrantes en lugar de darles albergue, parte de una respuesta política continua al homicidio de una estudiante de enfermería presuntamente cometido por un venezolano en la Universidad de Georgia.
El Senado aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 301 (HB 301 por sus iniciales en inglés) con 34 votos a favor y 18 en contra. La iniciativa sancionaría a ciudades y condados que, según los partidarios de la medida, albergan a inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización, cortando la mayor parte de la ayuda estatal a los gobiernos locales y destituyendo del cargo a funcionarios electos.
Los senadores también aprobaron en votación de 34-19 el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1105 (HB 1105 por sus iniciales en inglés), el cual pretende obligar a las autoridades penitenciarias a revisar el estatus migratorio de los reclusos. Todos los republicanos que componen la mayoría votaron a favor, mientras que los demócratas se unieron en rechazo a la medida.
“No se equivoquen, este es un asunto de seguridad pública, y lidia con delincuentes”, dijo el senador estatal republicano John Albers.
Ahora las medidas regresan a la Cámara de Representantes para un nuevo debate.
Estudios muestran que es menos probable que los migrantes cometan delitos, en comparación con los estadunidenses nativos. Pero los republicanos se han enfocado en aquellos que están en prisión desde que José Ibarra fue arrestado el mes pasado por cargos de homicidio y agresión relacionados con el deceso de Laken Riley, de 22 años. Las autoridades de inmigración dicen que Ibarra, de 26 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022. Se desconoce si había solicitado asilo.
Riley estudiaba enfermería en la Universidad Augusta, campus de Athens. Su cuerpo fue hallado el 22 de febrero, después de que una compañera de habitación informó que no había vuelto luego de salir a correr por la mañana en una zona boscosa.
La votación del jueves se llevó a cabo horas después de que una comisión del Senado aprobó dos proyectos de ley menos estrictos, lo que plantea interrogantes sobre cuál será el aspecto definitivo de un paquete final en materia de inmigración.
Jason Riley, padre de la estudiante, dijo el miércoles en un discurso ante los senadores que las así llamadas políticas santuario en el condado Athens-Clarke —donde se ubica la Universidad de Georgia— “condujeron al asesinato de mi hija”. El alcalde de Athens-Clarke, Kelly Girtz, ha negado que la ciudad y condado consolidados infrinjan una ley estatal de 2009 en contra de las políticas de santuario.
Los demócratas y otros opositores a la iniciativa aseguran que las medidas son innecesarias y conducirán a discriminación racial por parte de la policía en contra de los hispanos.
“Es sólo una narrativa falsa que los funcionarios electos están impulsando de que existen ciudades santuario en el estado de Georgia”, dijo Geovani Serrano, integrante de la Alianza Latina de Georgia para los Derechos Humanos, uno de los grupos que se manifestó en contra de las iniciativas en el Capitolio.
El HB 301 permitiría que cualquier residente de Georgia interponga una demanda para solicitar a un juez que declare que una agencia infringe la ley de 2009. Si un juez coincide, el estado podría cortar el envío de ayuda estatal y federal que controle, salvo por unos cuantos servicios de salud y emergencia. Por ejemplo, un condado o ciudad no recibiría dinero del estado para la construcción y mantenimiento de caminos.
El proyecto de ley también establece la destitución de funcionarios electos en caso de que ciudades o condados adopten una política de santuario. La iniciativa permite que cualquier residente del estado se queje ante la Junta de Asuntos Comunitarios. El organismo recomendaría al gobernador la suspensión del funcionario, de ser el caso. Posteriormente, el jefe del gobierno estatal podría destituir al funcionario y nombrar un reemplazo.
Los funcionarios podrían solicitar su restitución, pero sólo si pueden demostrar que su servicio mejoraría la capacidad del gobierno para cumplir con la ley antisantuario.
El HB 1105 establecería nuevos requerimientos en la manera en que las autoridades penitenciarias deberían cotejar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) para determinar si se sabe que ciertas personas están ilegalmente en el país. La iniciativa haría que los funcionarios que no cotejen “a sabiendas y deliberadamente” el estatus migratorio sean encontrados culpables de un delito menor que la fiscalía general podría procesar. El proyecto de ley también negaría fondos estatales a los gobiernos locales que no cooperen.
“No hay una buena razón por la cual no deberíamos estar revisando el estatus de alguien si tenemos la sospecha de que están ilegalmente en este país”, declaró Albers.
Los demócratas advierten que las reglas podrían causar que las personas sean detenidas por largos periodos, separarían a padres nacidos en el extranjero de sus hijos nacidos en Estados Unidos, y sembrarían desconfianza hacia la policía en las comunidades de migrantes. Albers argumentó que el impacto de la medida sería mínimo, pues sólo una pequeña cantidad de jefes de policía de condado no cooperan actualmente.
El requerimiento de ayudar al ICE obligaría a las prisiones a solicitar lo que se conoce como acuerdo 287(g), que permite a los agentes locales aplicar las leyes de inmigración. Se desconoce cuántas de estas solicitudes serían aceptadas, ya que el gobierno federal le ha restado prioridad al programa, el cual no faculta a las agencias policiales locales a realizar arrestos específicos en materia migratoria fuera de una cárcel.
Albers dijo que, incluso con esta cooperación, no existen garantías de que el ICE acepte a los presos y dé inicio al proceso de deportación. Afirmó que el ICE está aceptando a una porción mucho menor de inmigrantes durante el gobierno del presidente Joe Biden de lo que lo había hecho anteriormente.
