El Tribunal Constitucional de Guatemala anunció este martes que otorgó un amparo a la fiscal general, Consuelo Porras, ante la reforma propuesta por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, para destituirla del cargo ante sus continuos intentos para revertir las elecciones presidenciales de 2023 y de entorpecer su toma de posesión.
En este sentido, pidió al gobierno que se “abstenga” de “todo acto que, fuera del marco Constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa la postulante” y eviten acciones “que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público”.
La corte también instó a realizar “todas las acciones que la Constitución y las leyes les imponen para prestar el auxilio que requiera” la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones y “resguardar, en caso de ser necesario, el acceso de los usuarios y del personal a las instalaciones”.
Tras esta medida, el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero, subrayó que Arévalo actuó dentro del marco legal y agregó que hará “todos los esfuerzos necesarios para depurar al país del flagelo de la corrupción”.
“La Corte de Constitucionalidad no señala ningún acto concreto que el presidente, o nosotros como abogados del Estado debamos corregir. Hemos actuado bajo el marco de la Constitución y el principio de legalidad y así lo seguiremos haciendo”, manifestó a través de su perfil en la red social X.
El domingo, poco antes de que Arévalo realice un discurso a la nación en el que anunciaba su iniciativa para reformar la ley para que Porras “rinda cuentas y sea removida” para que el organismo “no vuelva a ser utilizado como arma política”, la Fiscalía afirmó haber presentado una acción constitucional al entender que estas acciones puedan “desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida” tanto de Porras como de otros funcionarios de la institución.
El Ministerio Público denunció una “amenaza real, cierta e inminente” de que el presidente “continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia”. “Estas acciones ilegítimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho”, indicó el organismo.
