Washington. El gobierno de Donald Trump revocó este miércoles la extensión del amparo migratorio para los venezolanos decidida por Joe Biden poco antes de dejar el cargo que permite a más de 600 mil personas vivir y trabajar en Estados Unidos.
“Los habitantes de este país quieren esta basura fuera. Quieren que sus comunidades estén seguras”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem, al anunciar la medida en Fox News.
“Hemos parado eso. Hoy firmamos una orden ejecutiva” en el DHS estipulando que “no íbamos a seguir con lo que hizo para atarnos las manos”, afirmó refiriéndose a su predecesor Alejandro Mayorkas.
“Suponía que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses” pero “vamos a seguir el procedimiento y evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país”, insistió.
Preguntada sobre si se había descartado el uso del centro de detención de Guantánamo, Cuba, para la retención de migrantes, Noem dijo: “Estamos evaluando y hablando de eso ahora mismo. Así que, la decisión es del presidente, pero es un activo, y vamos a seguir buscando cómo podemos utilizar todos nuestros activos para mantener a Estados Unidos seguro”.
El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración demócrata prolongó el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
Alegó “la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando por las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de Maduro”.
El TPS es un programa establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.
Según el Pew Research Center, hasta marzo de 2024 había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o que se habían beneficiado del programa, siendo los venezolanos el grupo más grande.
En cuanto asumió el cargo hace poco más de una semana, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México y empezó a demoler el legado de Biden en todos los frentes con una salva de decretos.
Acabó con el permiso de permanencia temporal concedido a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que tengan a un patrocinador en Estados Unidos, pero también con la aplicación de teléfono móvil CBP One que permitía pedir cita para entrar legalmente.
Eso además de restablecer su programa “Quédate en México”, implementado en su primer mandato (2017-2021) y por el que los migrantes esperan el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera.
El republicano ha ordenado redadas de migrantes, algunos de los cuales envió en aviones militares con grilletes, exponiéndose a tensiones diplomáticas con varios países como Brasil y Colombia.
Retórica antimigrante
Trump prometió expulsar primero a los migrantes en situación irregular con antecedentes penales pero el martes, en su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que consideran “criminal” a todo aquel que haya entrado “ilegalmente en Estados Unidos”.
Muchos de estos migrantes son latinoamericanos que han huido de la pobreza y la violencia.
Las organizaciones de defensa de los migrantes y los demócratas han puesto el grito en el cielo, pero Noem los acusa de querer encubrir a las pandillas.
“Están completamente desconectados de la gente de sus ciudades y comunidades”, declaró en Fox.
“Lo que están diciendo estos líderes demócratas” es “queremos proteger a los cárteles, queremos proteger a las pandillas, queremos asegurarnos de que la gente siga muriendo por las armas, la violencia y las drogas”, sostuvo con una marcada retórica antimigratoria que ha caracterizado toda la campaña electoral de Trump para las presidenciales de noviembre.
Las estadísticas oficiales de la Oficina Federal de Investigación (FBI) indican que los crímenes violentos han disminuido en Estados Unidos.
