Ciudad de México Trabajadores que se emplean a través de plataformas digitales reiteraron su llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva en contra del 2 por ciento del impuesto que deben pagar las empresas al Gobierno de la Ciudad de México, ya que consideran que podría afectar sus ingresos.
Saúl Gómez, de la agrupación Repartidores Unidos de México (RUM), señaló que si bien se plantea que la medida obligue a las empresas de plataformas digitales a pagar dicho gravamen por el aprovechamiento de la infraestructura urbana de la ciudad, los repartidores por aplicación temen que las compañías trasladen los costos a sus ingresos, mediante una mayor carga tributaria, e incluso a los consumidores.
En conferencia de prensa, indicó que actualmente pagan por obligaciones fiscales 10 por ciento, entre impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), por lo que en total sus aportaciones tributarias ascenderían a 14.5 por ciento, considerando además el 2.5 que se prevé de Seguridad Social por la reforma laboral para plataformas digitales que entrará en vigor en junio próximo.
“Hemos estado buscando la manera de ser escuchados por los ministros de la Corte para que entiendan la necesidad que tenemos, porque aunque ellos crean que el impuesto lo va a pagar la empresa, la manera en la que puede ser trasladado va a afectar a todos; no a las cadenas de comida grandes, sino a los pequeños negocios. Hacemos nuevamente un llamado a la Suprema Corte, a las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, a que echen para atrás esta injusta carga”, dijo el representante de RUM.
El 2 por ciento de impuesto fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México en diciembre de 2021 y quedó regulado en el artículo 307 TER del Código Fiscal capitalino.
Frente a ello, los repartidores interpusieron un amparo ante la SCJN en enero de 2022 y en diciembre de 2023 resolvió que no tenían interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de dicho artículo, porque el gravamen va dirigido a las empresas.
Actualmente, en la SCJN hay dos amparos en revisión pendientes de resolverse, uno de ellos interpuesto por la empresa Delivery Technologies, y la última vez que se agendó la discusión de uno fue el 21 de marzo pasado.
En su oportunidad, Georgina Córdoba, una de las representantes de Conductoras y Repartidoras Unidas por México, consideró que el 2 por ciento de impuesto, que aplicaría por cada entrega realizada, “no tiene sentido”, ya que en 2015 se creó el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón pero fue extinguido por falta de transparencia.
Los recursos, mencionaron, fueron transferidos al Fideicomiso para el Financiamiento de la Mejora del Transporte Público y, de acuerdo con información oficial que citaron los repartidores, hasta el año 2024 se tenía un acumulado de 491 millones de pesos.
Édgar Balderas, trabajador de plataforma por aplicación, cuestionó que los recursos se utilicen para mejorar la infraestructura de la ciudad, “tenemos baches y pavimentación en mal estado” que han ocasionado accidentes.
De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, indicó, 32 por ciento de las calles tienen daños severos, baches, grietas, hundimientos.
Además, en el año 2023, 18 por ciento de los accidentes de tránsito en Ciudad de México fueron por fallas en las vías, baches, falta de señalización, y según una encuesta del Colectivo Nacional de Repartidores, en 2024 seis de cada 10 repartidores sufrieron caídas o daños en sus vehículos, cuyo costo promedio por reparación representó 2 mil 500 pesos mensuales.
Un reporte del colectivo Ni Un Repartidor Menos reveló que, de 2018 a 2024, se han registrado 12 mil accidentes en la Ciudad de México de trabajadores por aplicación, de los cuales 30 por ciento han sido por fallas en infraestructura y se han registrado 200 muertes, indicó Saúl Gómez.
