Madrid. Se le acumulan los problemas al gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez. Un día después de que fuera imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, se activó una amplía operación policial en la que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron las sedes de varias empresas que realizaron contratos públicos y la vivienda personal del ex ministro de Fomento y ex secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos.
El ex líder socialista, que ya está fuera del partido, está en el centro de una presunta trama de corrupción política, nepotismo, organización criminal, tráfico de influencia y el cobro ilegal de comisiones a cambio de contratos para obra pública.
El registro de la vivienda de Ábalos, que actualmente tiene la condición de diputado pero que ya perdió parcialmente su aforamiento previa autorización expedido por el propio Congreso de los Diputados, la autorizó el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el marco de una pieza separada secreta. Los agentes policiales estuvieron durante más de nueve horas en la casa del ex ministro, en donde buscaron documentación relacionada con las adjudicaciones de obra pública que fueron presuntamente amañadas mientras Ábalos fue el titular de Transportes y también le requisaron su teléfono celular.
La policía también registró las oficinas de varias empresas constructoras con sede en Navarra.
En otro asunto, el portal informativo digital El Español reveló un documento realizado por la Comisión Europea en relación a la ley general de amnistía que aprobó el gobierno español como contraparte a las negociaciones abiertas con los independentistas catalanes para apoyar la investidura de Sánchez después de los comicios de julio del 2023. En el documento de la institución europea se advierte que “por un lado, no parece que la LOA [Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña] responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión.
De entrada, la LOA parece constituir una autoamnistía, por dos motivos. En primer lugar, porque los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español. En segundo lugar, porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España.
Pues bien, si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”.
Se da la circunstancia de que en estos momentos el Tribunal Constitucional español está analizando precisamente la legalidad de esta normativo y se prevé que el fallo lo haga público antes de que finalice el mes de julio.
