Ciudad de México., La ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) abrirá una “nueva era de justicia democrática” en México, y acusó que quienes atacan la enmienda es porque se “beneficiaban del régimen de abusos, excesos, privilegios, impunidad e injusticias múltiples que el Poder Judicial amparó y protegió”.
Al rendir este jueves su segundo informe de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que la reforma judicial “abrirá pronto una nueva época de la justicia en México, la era de la justicia democrática, en la que el pueblo mexicano elegirá a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas federales, quienes se someterán a su escrutinio y estarán sujetos a controles de los que ahora se carece”.
Sobre su paso en la Corte, aseguró que ella y su equipo han respetado las políticas de austeridad, ajustando sus salarios y gastos conforme a la ley, generando un ahorro para el erario público, desde diciembre a agosto, por más de 6.8 millones de pesos.
De esa cifra, explicó que en ese lapso ella ha devuelto a la tesorería y renunciado prestaciones que suman más de 2.3 millones de pesos.
“En total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se ha ahorrado, por concepto de bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional 225,431 pesos, por seguro de gastos médicos mayores, 801,872 pesos, y por concepto de seguro de separación individualizado, 3 millones 509,141 pesos. Es decir, 4 millones 536,444 pesos, que, sumados a los 2 millones 314,390 pesos arroja un total de 6 millones 850,834 pesos”, dijo desde el auditorio José María Iglesia.
Durante el informe, al que acudió su hermano Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, criticó que durante su ejercicio de funciones como ministra se ha “enfrentado a dogmas que la Suprema Corte aplicaba en forma automática y acrítica para resolver los asuntos que eran “preocupantes” al ser “prácticas abusivas e inconstitucionales”.
Puso de ejemplo que, de 2019 a la fecha, la Corte ha invalidado 11 leyes locales y federales por incumplir reglas de la democracia deliberativa “que se establecieron en jurisprudencias de la propia Corte, pero que carecen de base constitucional o legal”.
En otro caso señaló que se declaró la “invalidez por extensión” de leyes, respecto de las que fueron impugnadas.
“En este caso, se invalidan normas de manera oficiosa, sin que nadie lo solicite, incluso normas de nivel jerárquico superior a las impugnadas. De 2019 a 2023, se invalidaron 79 leyes por extensión”.
De su labor en el alto tribunal, dijo que ha participado en el estudio y votación de mil 249 asuntos, mientras que en la Segunda Sala participó en la resolución de mil 131
Entre enero y agosto de este año, dijo, también presentó un total de 216 proyectos, de los cuales la inmensa mayoría, 200, fueron aprobados en la Segunda Sala, mientras que el resto fueron rechazados o retornados.
Entre los proyectos que fueron aprobados destacó el amparo directo en revisión 1854/2023, en el cual analizó el contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se resolvió que era ilegal la disposición que limitaba a 10 años el pago de una pensión por viudez.
