Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propondrá una nueva reforma constitucional para que el Estado deje de asignar dinero a los partidos políticos para publicidad electoral, sin que eso afecte a los comicios de 2025.
El goCon ello, Noboa -que aspira a la reelección en 2025- busca “evitar el mal uso de los recursos públicos que son otorgados a los candidatosbernante planea modificar dos artículos de la Constitución, “retirándose al Estado la responsabilidad de financiar el funcionamiento de partidos y movimientos políticos, y la obligación de financiar la difusión de su publicidad electoral”, señaló la Secretaría General de Comunicación (SEGCOM).
y que históricamente no han sido debidamente justificados y transparentados”.
La propuesta será entregada a la Corte Constitucional para que esta se pronuncie sobre cuál será el mecanismo para tramitar la reforma, que puede ser vía consulta popular o mediante el Legislativo.
Esta es la segunda iniciativa para reformar la Constitución que Noboa plantea esta semana. El martes, entregó al máximo tribunal una propuesta para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional con miras a combatir el narcotráfico, un mal que azota a la pequeña nación.
Ecuador elegirá presidente y 151 asambleístas el próximo 9 de febrero. A esos comicios están llamados 13,7 millones de ecuatorianos.
De acuerdo con la SEGCOM la reforma planteada por el gobernante “no afectaría las próximas elecciones de 2025”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha previsto 13,7 millones de dólares para la promoción electoral de los candidatos presidenciales y asambleístas en los comicios del próximo año.
La campaña electoral iniciará el 5 de enero y culminará el 6 de febrero. De ser necesario un balotaje, este se celebrará el 13 de abril.
Noboa -que se dice de centroizquierda- fue elegido por su partido Acción Democrática Nacional (ADN) para buscar la reelección.
El mandatario tuvo un sorpresivo triunfo en las pasadas elecciones y llegó al poder en noviembre para gobernar por 18 meses (hasta mayo de 2025) en reemplazo del derechista Guillermo Lasso, quien acudió a una figura constitucional para anticipar las elecciones y evitar ser destituido por el Congreso de mayoría opositora.
