Madrid. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, será procesado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, con lo que se convertirá en el primer máximo representante del Ministerio Público español en sentarse en el banquillo de los acusados al mismo tiempo que tiene la encomienda de ser el principal responsable de perseguir cualquier tipo de delito en el país. A pesar del clamor de una gran parte de la carrera judicial, tanto de jueces como de fiscales, y de la derecha española para que dimita, tanto el fiscal como el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, anunciaron que seguirá en el cargo a pesar de su imputación criminal.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyó la investigación y entre otras cosas asegura que tanto García Ortiz como la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, recibieron “indicaciones de la presidencia del gobierno” para filtrar a los medios de comunicación una serie de mensajes y documentos relacionados con el caso de presunto fraude fiscal contra el empresario español Alberto González Amador, quien además es la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso.
Según el juez, gracias a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se logró “acreditar a nivel indiciario” que el fiscal general del Estado dirigió en primera persona la operación que acabó con la filtración a la emisora de radio Cadena Ser, afín al gobierno español, de un correo electrónico donde la defensa del novio de Díaz Ayuso admitía que su cliente había cometido “ciertamente dos delitos contra la Hacienda Pública”. Además, en la resolución, el magistrado reprocha a García Ortiz el borrado masivo de sus dispositivos electrónicos en plena investigación judicial. “El desarrollo de la instrucción ha puesto de relieve que el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos”, pero que aún así cabe presumir “ña filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado”.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que “es perfectamente sostenible que García Ortiz siga siendo fiscal general pese a estar procesado. porque estamos ante un auto que no es firme y cabe recurso de reforma y recurso de apelación. Y para defender la presunción de inocencia de un servidor público ejemplar y que cuenta con la confianza del Gobierno para seguir ejerciendo sus labores como fiscal general”.
