Ciudad de México. El Congreso de Oaxaca pretende incluir en su sesión extraordinaria de mañana viernes la declaración de desaparición de poderes de Zapotitlán Palmas, en una acción que la alcaldesa Inés Martínez Reyes atribuyó a un intento por ocultar el desvío de casi 24 millones de pesos que el gobierno del estado no ha entregado al municipio.
Martínez Reyes ofreció este jueves una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, acompañada de la regidora Elodia López Martínez, así como de la diputada federal Maribel Martínez (PT) y el delegado de ese partido en la entidad, Benjamín Robles Montoya.
El abogado de la alcaldesa, Honorio Padilla, explicó que, si la legislatura de mayoría de Morena aprueba la desaparición de poderes, el gobernador Salomón Jara nombraría un administrador, conforme al artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal, quien a su vez controlaría las cuentas y los depósitos del municipio.
Padilla agregó que, de enero a abril, la Secretaría de Finanzas del estado supuestamente depositó casi 3 millones de pesos a la alcaldía de fondos federales de los ramos 28 y 33. “Pero las cuentas están en ceros, no ha entregado el dinero”, dijo.
Robles Montoya resaltó que se trata de una práctica habitual con otras alcaldías. “A la cuenta del municipio de Zapotitlán Palmas no llegó y las quieren acusar de desvío de recursos. Es un plan preconcebido del gobierno del estado para chingarse esa lana, no hay otra forma de decirlo.
Por eso desde ahora pedimos revocación de mandato, porque en todas partes en Oaxaca hay una violencia que no se puede soportar”, expresó.
Aun cuando en una sesión previa el 10 de junio, los diputados determinaron que no había condiciones para declarar la desaparición de poderes, este viernes volverá a discutirse el punto.
La intención, abundó Robles Montoya, es detener y encarcelar a Martínez Reyes y López Martínez, para ocultar el desvío.
“Temo por nuestras vidas. Ya asesinaron a una presidenta municipal”, dijo entre lágrimas la edil Inés Martínez, en referencia al crimen de la presidenta de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto, ocurrido el 15 de junio en sus oficinas del palacio municipal.
“Ella ya había denunciado actos de corrupción”, añadió la regidora.
Ambas fueron electas por usos y costumbres para el trienio 2022-2025, y su mandato termina en diciembre, pero señalaron que “un grupo minoritario” pretende adelantar su salida, en una presunta colusión con altos funcionarios del gobierno de Salomón Jara.
Elodia López Martínez refirió que solo en una ocasión el gobernador las recibió para escuchar su reclamo de entrega de los fondos federales al municipio.
“A súplicas y vueltas y vueltas, fuimos escuchadas por él. Nos dijo ‘tienen todo mi apoyo. En tres días se liberan los recursos y se me ponen a trabajar’. El dinero supuestamente salió de Finanzas, pero ¿dónde está? Ya no nos volvió a recibir y el secretario de Gobierno, Jesús Romero nos contestó ‘ya las recibió una vez’.
“El 10 de junio afortunadamente diputados ejercieron la ley y dijeron ‘no hay fundamento’ para desparecernos. Hoy nos enteramos que los amedrentaron y la orden es ‘votan o votan’. Es una injusticia por Zapotitlán, porque estamos defendiendo a un pueblo indígena, marginado y olvidado por el gobernador. Solo están buscando excusas para desaparecernos”, expresó.
La autoridad municipal relató que la actual integración del cabildo de mayoría de mujeres fue un paso adelante en el ejercicio de sus derechos políticos.
“Nos ha costado lágrimas, sufrimientos y humillaciones, en un camino para demostrar a las mujeres de mi pueblo que también podemos servir. Y ese camino quedaría a medias y calaría voces de mujeres que luchan por un mejor país”, declaró.
La alcaldesa y la regidora señalaron que detrás de la orden para declarar la desaparición de poderes en Zapotitlán Palmas “hay mano negra”.
López Martínez abundó: “señor Jesús Romero, le vuelvo a decir ‘no me doy por vencida. Le pedí que sacara las manos de mi pueblo y en su conciencia quede y la de Salomón Jara, que nos dio la espalda”.
Asimismo, Robles Montoya sostuvo que en este caso se pueden identificar varios posibles delitos contra las autoridades electas de Zapotitlán: peculado por el desvío de recursos municipales; abuso de autoridad por funcionarios estatales; conspiración para obstaculizar el ejercicio de la función pública; y posible lavado de dinero por el maneo irregular de recursos.
“En conclusión, este caso representa un ataque sistemático contra los derechos político-electorales de las mujeres; la autonomía municipal; los sistemas normativos internos de los pueblos originarios; y la democracia y el estado de derecho”, señaló.
La alcaldesa y la regidora detallaron que realizaron el viaje a la Ciudad de México y a la Cámara de Diputados, gracias a que un diputado las apoyó.
“El municipio está sin dinero. Nos dio para el autobús ida y vuelta y para comer”, relató López Martínez.
