Ciudad de Guatemala. César Bernardo Arévalo de León, el presidente guatemalteco que carga en su espalda con la esperanza de una nación que se cansó de la corrupción estatal, es consciente del escenario adverso en el que asumió el poder hace 17 días con su partido suspendido, siendo minoría en el Congreso y con la fiscalía en contra.
Por eso, apela a los guatemaltecos para hacer frente a los poderes arraigados y llevar adelante sus promesas de campaña para combatir la corrupción y devolverle dignidad a la población más vulnerable.
“Tenemos claro que en el contexto que estamos ahora dependemos de la sociedad y de convencerles para que juntos empecemos a remar”, reconoció en una entrevista con The Associated Press, en el emblemático despacho presidencial de paredes y escritorios de madera.
“No podemos depender de un sistema político en donde todavía están agazapadas esas redes político-criminales y clientelares”, señaló Arévalo, denunciando que aún hay “gente que sigue pensando que la política es el lugar para plazas fantasmas”, para el reparto de puestos por afinidades y favores.
Su llegada al poder sorprendió a los partidos políticos perdedores que se niegan a ceder espacio de influencia y pretenden impedir que los diputados del Movimiento Semilla, con el que Arévalo ganó las elecciones, puedan tener alguna veta de poder y participación en comisiones parlamentarias.
Desde que consiguió el pase al balotaje presidencial, el camino del nuevo mandatario ha estado marcado por el incesante esfuerzo de la Fiscalía General, encabezada por Consuelo Porras, y de parte del poder judicial para frenar su toma de posesión. Un pulso que no terminó cuando se colocó la banda presidencial, pues la fiscal general se niega a renunciar al cargo, como le requirió Arévalo, y aún mantiene la confrontación.
En la fiscalía, dice el presidente guatemalteco, “es donde sigue anclado el sistema perverso”. Y ante eso, reconoció que “desde la legalidad” están “viendo la forma de ir resolviendo esto”. Responsabiliza a la fiscalía de “campañas de persecución política contra jueces, fiscales, periodistas” que pusieron en riesgo la democracia en el país y defiende que es necesario un cambio.
La comunidad internacional, de hecho, cuestionó la arremetida judicial que mantuvo la fiscal Porras contra Arévalo y contra el proceso electoral como un intento por afectar la frágil democracia del país centroamericano. Además, la funcionaria está sancionada en Estados Unidos por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar el sistema democrático.
Pero Porras ha dicho que no renunciará al cargo y su mandato al frente de la Fiscalía General debería finalizar en 2026.
“Nosotros no tenemos claro que ella vaya a terminar su periodo, porque hay acciones en el Congreso y acciones legales”, planteó Arévalo. “Lo que nos interesa es que el Ministerio Público deje de actuar contra la legalidad y contra la institucionalidad democrática del Estado”, recalcó.
La desconfianza que le despierta la Fiscalía se antepone a su promesa de limpiar los casos de corrupción estatal.
“Hay ministerios donde basta abrir una gaveta y le saltan a la cara, porque era tal la soberbia de la impunidad que ni siquiera había ya intentos de ocultamiento que hicieran difícil ver las cosas que estaban pasando; estamos hablando de miles de millones de quetzales del dinero público que fueron defraudados, extraídos, robados…”, denuncia el nuevo mandatario.
Y se pregunta: “¿A quién se le presentarían denuncias, a un ente del cual no se tiene confianza?”.
Sobre la relación con Estados Unidos, uno de los países que respaldó su llegada al poder y que sancionó a más de 300 oficiales, funcionarios y políticos que participaron en acciones para detener su toma de posesión, dice que lo que le han pedido a cambio es “un gobierno en el que puedan confiar”.
“Si la preocupación de ellos es el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, no pueden confiar en un gobierno corrupto, ni en partidos políticos que eligen narcodiputados o narcoalcaldes”, explicó Arévalo.
También inquieta a las autoridades estadounidenses el fenómeno de la migración y el presidente guatemalteco plantea una receta basada en el desarrollo nacional. Como país de tránsito y emisor de migración, apuntó que hay que tener una visión regional y “si para ellos la llegada de migrantes indocumentados es un problema, el desarrollo del país es parte de la respuesta que ellos necesitan y es precisamente lo que nosotros queremos gestionar o hacer avanzar”.
Arévalo sabe también que los millones de migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos son una parte importante de ciudadanos desatendidos por el Estado y piensa en varios proyectos —como reformas de fondo o constitucionales— para crear un distrito exterior que les dé la posibilidad de escoger a sus representantes al Congreso.
“Son los migrantes los que están sosteniendo la economía con las remesas, que son superiores a lo que el país genera en exportaciones, inversión, turismo… Lo lógico es darles representación política”, dijo, como parte de las propuestas que aspira a ejecutar en los cuatro años que tiene de gobierno.
Arévalo cuenta que, con la banda presidencial ya puesta, su madre le dio un consejo, el más importante: “Ahora ya es presidente, ahora respete la memoria de su padre y que Dios lo ilumine”. Una tarea que, asegura con los ojos aguados, asume como “una gran responsabilidad”.
Margarita de León, de 98 años, madre del presidente se refería a su esposo, el expresidente fallecido Juan José Arévalo Bermejo, considerado uno de los presidentes de la “primavera o la revolución” en Guatemala (1945-1954) en el que se abrieron espacios de inclusión a campesinos e indígenas y se reconocieron derechos sociales a trabajadores.
Tras 22 minutos de entrevista, Arévalo recapitula brevemente sobre lo que espera para cuando termine su mandato en 2028: “Dentro de cuatro años, el pueblo de Guatemala tiene que estar en capacidad de decir ‘teníamos razón y valió la pena’”.
