Ciudad de México. Más de 20 organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec presentaron un informe sobre las agresiones que han recibido personas y comunidades defensoras de la tierra por las obras del proyecto del Corredor Interoceánico en esta región.
En este documento relatan de viva voz las violaciones que han sufrido entre mayo de 2021 y mayo de 2024, identificando un total de 72 ataques y 226 agresiones clasificadas en 27 categorías de violaciones, entre las que se incluyen agentes particulares y funcionarios del Estado, desde federales, estatales, municipales y locales. Acusaron que no hay respeto a las comunidades indígenas y que es mentira que busquen ayudarlos con este megaproyecto.
De las agresiones documentadas, apuntan que 67 fueron actos de intimidación, 64 de hostigamiento, 22 amenazas, 16 agresiones físicas, 11 daños a la propiedad, siete actos de difamación, 5 detenciones arbitrarias y 4 vinculadas a la estigmatización, tres fueron desalojo forzoso, otros 3 desplazamiento forzoso, desaparición, robo y hasta homicidio.
Del 25 al 27 de julio de 2023, esta misión civil de organizaciones llevó a cabo la investigación para documentar “las agresiones ejercidas contra comunidades defensoras de la naturaleza y el territorio, que en su mayoría son indígenas, frente a la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
Resultado de este recorrido se elaboró el informe, el cual “evidencia la alarmante e inaceptable situación de violencia que enfrentan las comunidades indígenas y personas defensoras en esa región”, señala el propio reporte, además de que busca mostrar la falta de un entorno seguro para la defensa ambiental.
En la presentación del documento en el Centro Prodh, los ponentes, tanto afectados como académicos, denunciaron que este proyecto del gobierno federal generó una evaluación de impacto ambiental “viciado”, pues aunque la Semarnat presentó la manifestación de impacto ambiental, se carece de “accesibilidad”.
Aunado a ello, apuntaron que “existen afectaciones ambientales a sus comunidades por la construcción de red eléctrica, gasoductos, parques industriales y carreteras”, pues ha ocasionado la tala de árboles y daños a especies de flora y fauna endémicas.
