Ciudad de México. La International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió al Congreso de la Unión no apresurarse para aprobar la iniciativa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que los repartidores y conductores de plataforma digitales cuenten con seguro social.
Luego de que la actual administración presentó en días recientes el proyecto para agregar un nuevo capítulo a la Ley Federal de Trabajo (LFT), para que se regule y se reconozcan los derechos laborales de 658 mil trabajadores y trabajadoras de aplicaciones digitales a nivel nacional, el capítulo mexicano del organismoque representa a más de 45 millones de empresas en más de 170 países, solicitó que se discuta cualquier cambio con todos los actores involucrados.
Si bien la ICC señaló que comparte el objetivo de otorgar seguridad social a los conductores y repartidores de aplicaciones móviles como Uber, Didi y Rappi, también propuso “analizar todas las perspectivas, incluida la económica”, pues de esa forma se asegura que todos los actores participen en el debate.
“La implementación de esta reforma podría limitar la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos y propone considerar detenidamente los diferentes enfoques que para regular la relación entre plataformas y trabajadores han adoptado otros países”, dijo la ICC México.
Indicó que los legisladores pueden tomar en cuenta otras regulaciones como la Ley Rider, en España, que adoptó un modelo laboral tradicional, reduciendo las fuentes de ingresos para miles de personas repartidoras.
En contraste, dijo, California y Chile han construido soluciones que combinan la independencia con el acceso a la seguridad social.
“Regular este modelo bajo un esquema tradicional podría resultar en la pérdida de empleos como resultado de una contracción del tamaño del sector”, advirtió.
Considero que la propuesta podría afectar de manera importante al sector restaurantero y a las micro, pequeñas y medianas empresas, que han prosperado significativamente debido a estos servicios.
“Un aumento en los costos de los servicios de las plataformas podría traducirse en una disminución en las ventas en un 30 por ciento para estos negocios, afectando la economía local y la generación de empleo”, indicó.
Apuntó que es crucial encontrar un equilibrio que facilite el acceso a la seguridad social sin comprometer su independencia y flexibilidad, a la vez que se impulse el desarrollo y fortalecimiento de las plataformas para que continúen siendo un pilar en el desarrollo económico del país. Ante ello sugirió que se preserve la figura de trabajadores independientes, por lo que la ley debe incluir una definición precisa de los criterios que distingan entre aquellos trabajadores independientes que prestan servicios ocasionalmente, de aquellos que serán considerados trabajadores bajo el nuevo modelo planteado por la reforma.
Comentó que es fundamental que la legislación reconozca que los repartidores y conductores invierten en vehículos, gasolina, mantenimiento, teléfonos
inteligentes con plan de datos y otros gastos operativos, por lo que la base de contribución a la seguridad social debe ser calculada sobre sus ganancias netas.
“La reforma debería evitar modificar el régimen fiscal especial para repartidores y conductores a un esquema tradicional que incrementaría drásticamente su carga impositiva”, dijo.
Consideró que la reforma debe contemplar mecanismos que den certeza y claridad sobre la operación de la plataforma, sin que ello comprometa la propiedad intelectual con la que operan las empresas de tecnología.
