Ciudad de México. La dirección de la cooperativa de Cruz Azul, encabezada por Víctor Manuel Velázquez Rangel, demandó al gobierno del estado de Hidalgo acatar las sentencias judiciales a su favor, para recuperar la planta de la cementera en Tula, que lleva cuatro años sin operar con pérdidas por 25 mil millones de pesos.
Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la Cooperativa, rechazó el ofrecimiento del secretario de Gobierno del estado, Guillermo Olivares, quien propuso una mesa de negociación para solucionar el conflicto. Por el contrario, le solicitó aplicar las resoluciones judiciales que “tienen más de un año que le fue notificadas”.
Apuntó que la dirección del Consejo de Administración y de Vigilancia, encabezada por Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, respectivamente, rechazaron la propuesta, porque “es como sí lo pusieran a negociar con secuestradores”.
Afirmó que lejos de atender los mandatos judiciales que le han sido notificados personalmente por la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, “fue a la fábrica que se encuentra desde hace cuatro años secuestrada a ver cómo estaba y a decir, ¿por qué no mejor les pagan a esas personas que ilegalmente tienen retenida esta unidad industrial?”.
Por ello, solicitaron la intervención del gobernador estatal Julio Menchaca para que sean acatadas las resoluciones emitidas por los tribunales.
“Confiamos en el gobernador, sabemos que es una persona de leyes y es justamente la razón por la que hoy estamos aquí pidiéndole que apoye estos mandatos que han llegado a otros lugares de su gobierno para que puedan ser cumplidos y en ese sentido Cruz Azul puede recuperar su planta”, señaló.
En conferencia de prensa en las oficinas corporativas en la Ciudad de México, Velázquez Rangel puntualizó que en los últimos cuatro años la cooperativa Cruz Azul se ha visto obligada a incrementar la producción en el resto de sus unidades en Oaxaca, Aguascalientes y Puebla “para poder compensar los números de Hidalgo”.
Indicó que antes del conflicto que inició en 2020, su planta insigne ubicada en la localidad de Jasso, municipio de Tula, producía entre el 35 y 40 por ciento de la producción total de cemento de la cooperativa Cruz Azul, una de las plantas más grandes del país y de Latinoamérica, la cual además por su cercanía con la ciudad de México era una de las principales que surtía cemento a la zona centro del país.
Mencionó que las más de 100 personas que mantienen tomadas las instalaciones fueron excluidas de la Cooperativa, tras realizarse una asamblea de socios en el año 2022, entre ellos Federico Sarabia y otros de sus allegados, afines a Guillermo “Billy” Álvarez, prófugo de la justicia.
“El actuar de estas personas ha sido completamente ilegal y, como les comenté, se celebró una Asamblea General Ordinaria de Socios en donde previo se realizó todo el procedimiento tal como lo marcan las bases constitutivas y la ley, es decir, se les dio derecho de defensa, se les dio voz a estas personas, hubo unos que no lo hicieron, hubo otros que sí, incluso comparecieron algunos ante la Asamblea General y explicaron sus motivos. Y la Asamblea General de Socios decidió excluirlos”, comentó.
Denunció que el más de centenar de personas que mantienen tomada las instalaciones, “se robaron los almacenes que había en la cooperativa y ese cemento lo vendieron a través de empresas factureras”.
