Ciudad de México. El reconocimiento del derecho al medio ambiente como garantía para la realización y vigencia de otros derechos reconocidos en favor de la persona, como la alimentación o la salud, debe ser considerado por los tomadores de decisiones como un aspecto esencial en el diseño de políticas públicas, destacó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El organismo presentó hoy en el Colegio de México el Estudio diagnóstico y la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho al medio ambiente 2023-2024, para identificar los principales retos para el ejercicio pleno de este derecho.
El principal reto es la degradación de los ecosistemas lo que reduce la capacidad para conservar la biodiversidad, mantener la calidad de los componentes abióticos y para continuar la provisión de los servicios ecosistémicos de apoyo a la vida.
El segundo reto es el rezago en disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de agua, cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU), drenaje, así como la mala calidad de aire al interior de la vivienda, vulnera el derecho al medio ambiente de la población.
El Coneval explicó que el tercer reto se relaciona con los rezagos en la disponibilidad y calidad de la infraestructura para la disposición final de (RSU) y el tratamiento de aguas residuales, así como con las limitadas capacidades institucionales para la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable.
Lo anterior, comentó el organismo, incrementa la exposición a riesgos sanitarios y ambientales, así como la vulnerabilidad de la población por los daños en su entorno.
*En este sentido, el Coneval sugirió desarrollar infraestructura verde a través de convenios con la federación y los gobiernos estatales, así como implementar mecanismos de colaboración público-privada y financiamiento internacional.
