Ciudad de México. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de colectivos y familiares de personas desaparecidas denunciaron la falta de protección del Estado mexicano para quienes buscan a sus seres queridos, ya que ante los asesinatos, agresiones y amenazas que enfrentan prevalecen la impunidad.
Además plantearon una serie de peticiones para proteger la integridad y la vida de las buscadoras, y solicitaron a la nueva Relatora para México, Andrea Pochak, que realicen una visita urgente a México, poniendo especial atención a la crisis de desapariciones.
Raymundo Sandoval, integrante de la plataforma Por la Paz y la Justicia en Guanajuato, señaló que ante “los altos índices de desapariciones en el país” las familias no solo han denunciado ante las autoridades, sino que ante la falta de respuesta, “la negligencia o incluso la colusión” de las instituciones con grupos criminales, se han visto obligadas a ser las encargadas de buscar a sus familiares con sus propios medios e incluso con sus propias manos.
Indicó que las mujeres se organizan en colectivos “para mitigar estos riesgos de manera grupal”, y se han hecho llamar “buscadoras o rastreadoras” que recorren lugares, buscan en fosas, debajo de pisos, rompiendo concreto, en campos, en cementerios y ríos, en túneles, en sistemas de riego, en granjas, en canales de aguas negras,” buscando donde el Estado sabe que están y no busca” a sus seres queridos.
Al señalar que en México las desapariciones “son generalizadas, Sandoval apuntó que las motivaciones son múltiples, incluso político-económica, en las que además agentes del estado participan.
Indicó que desde el 2010 se han asesinado a más de 20 personas buscadoras, de las cuales 15 han ocurrido en los recientes cinco años, y todos estos casos, dijo, permanecen en la impunidad.
Bibiana Mendoza, cuyo familiar Manuel Ojeda Negrete desapareció el 8 de enero del 2018, acusó ante la CIDH que como buscadoras se les ha negado la protección en varias ocasiones, a grado tal de solicitar al Estado mexicano que sean consideradas como defensoras de derechos humanos, pero también han recibido una negativa.
Además, a personas buscadoras de varias partes del país que cuentan con medidas cautelares, se las retiran sin que haya una actualización de nuestro plan de protección, acusó.
“En México las instituciones están rebasadas, los mecanismos de protección que nos brinda el Estado son ineficientes; cuando queremos acceder a ellos tenemos que demostrar las agresiones que hemos sufrido, pero cómo le vamos a demostrar las agresiones a quienes han sido perpetradores de las mismas”, reclamó.
Ante esta situación, una representación de las familias y colectivos de búsqueda planteó un pliego petitorio de ocho puntos a la CIDH, entre los que destaca que el organismo internacional solicite de manera urgente al Estado mexicano a reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y que sus riesgos están asociados a sus actividades.
También pidió que la CIDH Requiera al Estado mexicano que el mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas haga llegar información sobre cuántas personas buscadoras han solicitado medidas de protección, cuántas han sido otorgadas y cuantas han sido rechazadas.
En representación del Estado mexicano, Xasni Pliego Granillo, directora general de Vinculación y Políticas Públicas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), enlistó el marco normativo interno y protocolos con que cuenta el país a fin de reconocer el derecho a la participación de las familias en todos los procesos de búsqueda de sus seres queridos.
En una sesión en la que estuvo ausente la titular de la CNB, Teresa Reyes, Norma Herrera García, de la Secretaría de Gobernación, indicó que existen mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, los cuales se han fortalecido.
Dijo que mientras en el sexenio anterior se erogaron 780 millones de pesos por concepto de implementación y operación de medidas de protección, en la presente administración se han ejercido recursos por 2 mil 300 millones de pesos.
En su participación, Jesús Peña, representante Adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, apuntó que la desaparición de personas en el país “es una desgarradora realidad” para miles de familias y comunidades dentro y fuera del país.
Externó que además del dolor y sufrimiento que produce este lamentable crimen, se agregan el miedo, la inseguridad, la desconfianza que experimentan las familias buscadoras.
Las buscadoras y las organizaciones asistentes lamentaron la falta de interés por parte de las autoridades mexicanas de asistir de manera presencial a la audiencia y que no se contara con una representación de alto nivel de manera remota de autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además de la inasistencia de la Fiscalía General de la República (FGR).
