Ciudad de México. Aún cuando la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aún está pendiente que la valide la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo intérprete de la Constitución, advirtieron magistrados de la Ciudad de México.
Durante la llamada conferencia de los jueces, la magistrada Edna Lorena Hernández Granados señaló que la Corte no pretende legislar con el proyecto que se votará mañana respecto a la enmienda judicial, solamente tomará la decisión de si es o no constitucional.
“Como cualquier acto, la autoridad puede ser y como se ha mencionado aquí acatado o atacado, en este caso la reforma judicial fue atacada por quienes tienen legitimación constitucional para realizarla, partidos políticos y legislaturas de los estados, se impugnó, está en revisión. El legislador y la presidencia siguen en lo que a ellos les compete y la publicaron, pero eso no significa que aún no se ha revisado por la Corte”.
Recordó que en una división de poderes cada quien tiene competencias específicas y reiteró que la SCJN, como máximo intérprete, debe revisarla y validar y aún está pendiente su validación. “Si la Corte la declara inválida, esto no significa que va a definir cómo va a quedar la reforma, sino que será el legislador quien deberá determinar conforme lo que considere, en qué términos de acuerdo a lo que el constituyente originario establece”.
Apuntó que en este caso, la SCJN solamente está cumpliendo con su deber que tiene de interpretar lo que se ve, impugne y sea de su competencia revisar, ya que insistió, es el último intérprete de la Constitución.
“La Presidenta (Claudia Sheinbaum), también dijo que con el proyecto que mañana se votará, la Corte quiere legislar. No, la Corte no quiere legislar solo decidirá si lo legislado es o no constitucional. La Corte no va a decir cómo va a quedar la reforma si es que la vuelven a votar, si la inválida queda vigente como estaba como el Constituyente original lo discutió y públicamente quedó expresamente establecido en la Constitución.
“Es decir, los jueces no van a elección popular, porque la labor técnica de los jueces no pasa por las urnas, sino por las aulas de capacitación y evaluación técnica, esto es para el beneficio de los justiciables, por eso es que debemos estar preparados y de hecho todos los jueces actualmente provenimos de carrera judicial”.
Apuntó que la mayoría que integran el máximo tribunal del país estén en una posición contraria al pueblo, más bien buscan defender los derechos que se verían vulnerados con la reforma aprobada.
“Otro punto que dijo la presidenta es que son ocho ministros contra el pueblo. No es así, son ocho ministros defendiendo al pueblo contra los actos de legisladores que quieren privar sus derechos, de nuestros derechos básicos como todo ciudadano, ¿cuáles derechos? El derecho a ser juzgado por jueces ya establecidos con capacitación, con carrera judicial, con una trayectoria de experiencia para el conocimiento y resolución de los asuntos. En realidad la Corte está defendiendo al pueblo de México contra el legislador que quiere privar al pueblo de México de sus derechos, que quiere quitar a los jueces que defienden su derecho a la salud, a la pensión al trabajo a la libertad y a la propiedad”.
Por su parte, la magistrada Julia del Carmen María García González afirmó que si hay una crisis en el PJF ya que es una realidad el hecho de que persistentemente las autoridades no estén acatando sus suspensiones decretadas en juicios Amparo en contra de la Reforma Judicial, lo que debería prender los focos rojos.
“Se supone que quienes asumen una responsabilidad como autoridades del Estado están obligadas de entrada a acatar el ordenamiento jurídico, aunque estas suspensiones y estas consecuencias de las suspensiones no son algo nuevo ni algo que hayamos planeado para el gobierno en turno, es una norma estable que siempre se había acatado, entonces de entrada nos parece que sí podemos hablar de una crisis constitucional”.
Agregó que asumir o atribuir la responsabilidad a una sola de las partes (SCJN), que además va a ser el árbitro que dirima la controversia, “pues nos parece que es tratar evadir un poco la responsabilidad y de lanzar el foco a otro punto donde estamos evadiendo la responsabilidad que nos toca. Recordemos que en estas acciones de inconstitucionalidad hay dos partes que han entrado en contienda y lo que se está cuestionando es precisamente esta reforma constitucional y todas sus consecuencias jurídicas que incluyen la tómbola, la lista, el presupuesto que ha hecho el INE etcétera. Todo deriva de la misma reforma”.
Carpetas contra jueces que han otorgado suspensiones a la reforma judicial
Acompañadas por el magistrado José Manuel Torres Ángel, las impartidoras de justicia criticaron la designación de Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y Javier Quijano Baz, exdiputado en la Ciudad de México.
Hay claramente quienes tienen filiaciones políticas de años, que están incorporándose a estos comités y por quien en su momento dijo haber casi salvado al Poder Judicial de la Federación y luego resulta que siempre no lo salvó y que está en contra de todo lo que también ayudó a hacer, ¿qué tanto eso nos garantiza la imparcialidad, esa objetividad? De poner los mejores perfiles”.
Por otra parte, el magistrado Torres Ángel manifestó que se han abierto carpetas de investigación en contra de jueces que han otorgado suspensiones contra la Reforma Judicial, para intimidarlos”.
“Si es verdad que hay una persecución en contra de los jueces por conceder este tipo de suspensión, sería algo terrible, lamentable y yo apuesto a que esto no suceda, porque esto generalmente sucede en Estados autoritarios y yo apuesto a que no tenemos y no queremos un Estado de esta naturaleza”.
