Madrid. El expresidente de Perú Pedro Castillo aspira a poder volver presentarse a las elecciones después de haberse proclamado vencedor en las últimas, celebradas en junio de 2021, si bien año y medio después fue destituido y detenido tras un intento por disolver el Parlamento y arrogarse más competencias.
Así lo ha manifestado este martes el abogado de Castillo, Walter Ayala, durante una entrevista con la emisora peruana Exitosa, donde ha informado de que su cliente le ha trasladado en varias ocasiones su deseo de salir de prisión y poder presentarse a unas próximas elecciones presidenciales.
Según ha destacado Ayala, el caso de Castillo no es único en la región, y ha recordado que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también estuvo preso; y en Honduras el expresidente Manuel Zelaya fue condenado y ahora la máxima dirigente del país centroamericano es su esposa, Xiomara Castro.
Ayala ha aprovechado la ocasión para denunciar una vez más que la detención de su cliente está políticamente motivada y ha lamentado que en Perú “se ha roto el equilibrio de poderes”. “Presidente que llegue a ser elegido democráticamente, no tiene ninguna garantía”, ha lamentado el abogado.
El expresidente Castillo se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención por la Policía.
El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno –con más de 70 ministros– que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
