Ciudad de México. Después de una larga batalla jurídica, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó otorgar un amparo al Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado Napoleón Gómez Urrutia, a efecto de que se concentren más de una veintena de expedientes y se resuelvan de manera integral los juicios promovidos en contra del gremio, sobre el supuesto adeudo de 55 millones de dólares de un extinto fideicomiso.
La trascendencia de la resolución radica en que el máximo tribunal del país ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolver con base en los 25 expedientes que derivaron del caso, y no sólo con 21 como se había hecho.
Es decir, la autoridad laboral deberá tomar en cuenta los cuatro expedientes restantes, los cuales “contienen un caudal probatorio muy importante” sobre la correcta distribución de los recursos del fideicomiso.
En esos archivos obran constancias con las que se acredita que el Sindicato Nacional Minero ya pagó más de 23 millones de dólares a varios trabajadores. Además, se corrobora la existencia de más de 10 sentencias en materia penal de diversos tribunales colegiados y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que indican que los recursos son rectoría del sindicato.
La organización sindical señaló que esta resolución de la Segunda Sala de la SCJN –con una votación mayoritaria de cuatro a uno de los ministros–, refleja “el abuso de autoridad” por parte de la presidenta de la JFCA, “María Eugenia Navarrete y del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, quienes operaron a favor de los intereses de Germán Larrea”, dueño de Grupo México.
El sindicato acusó que el empresario ha intentado de manera fallida debilitar y destruir a dicha organización gremial, luego de que el empresario fuera obligado a entregar el recurso originado de la privatización de la empresa Mexicana de Cananea y otras empresas al Sindicato Minero.
De acuerdo con el Amparo Directo en Revisión 4190/2023, cuyo ponente fue el Ministro Luis María Aguilar Morales, se debe de aplicar no solo la justicia pronta, sino también la completa, en beneficio de este gremio, afirmó el Sindicato Nacional Minero.
La controversia legal inició desde la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que el 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores. Después de que Grupo México, propietaria de la mina, se negó a pagar, inició una huelga que duró 15 años y que concluyó con un acuerdo en el que se definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.
