Madrid. Los opositores al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificaron el martes de “xenófoba” la propuesta de gravar con un impuesto la compra de viviendas por parte de no residentes en la Unión Europea y aseguraron que no la aplicarán en las regiones donde gobiernan.
“El problema no es que la gente quiera venir a vivir a España, el problema es que hay una falta de oferta de vivienda”, dijo Luis de la Matta, director de comunicación del Partido Popular (PP).
“No vamos a facilitar una medida de carácter xenófobo”.
Resolver la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los retos más acuciantes de Sánchez, en un escenario de escasez crónica de casas asequibles y un aumento de los alquileres.
Su gobierno, liderado por los socialistas, dijo el lunes que limitaría la compra de viviendas por parte de residentes extracomunitarios aumentando el impuesto que tienen que pagar hasta en un cien por ciento del valor de la propiedad, apuntando a planes similares en Dinamarca y Canadá.
La subida de impuestos necesitaría la aprobación de un Parlamento fracturado y sería aplicada por los gobiernos autónomos de España.
El PP gobierna en la mayoría de las regiones más populares entre los compradores británicos y latinoamericanos de segundas residencias, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias e Islas Baleares.
El impuesto se aplicaría a través del llamado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y afectaría hasta a 26 mil propiedades de segunda mano situadas en grandes ciudades y zonas costeras populares entre los turistas, dijo una fuente del Ministerio de Vivienda.
La plataforma inmobiliaria española Fotocasa dijo que la medida podría desincentivar la inversión extranjera, pero que su eficacia era cuestionable, ya que sólo dos por ciento de las viviendas españolas son adquiridas por residentes extracomunitarios.
Los compradores de viviendas en España pagan actualmente entre 6 y 13 por ciento de ITP, dependiendo de la región.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desafió el martes a los opositores del gobierno a echar por tierra un plan que, según ella, impulsaría la oferta de viviendas.
“Si alguien quiere boicotear o poner palos en las ruedas, no tendrá que responder ante el gobierno, tendrá que responder ante la ciudadanía”, dijo Rodríguez en rueda de prensa.
El Sindicato de Inquilinos de Cataluña afirmó que la mayoría de los compradores extranjeros de la región proceden de la Unión Europeo y calificó la medida de “grandilocuente, pero irrelevante”.
