Ciudad de México. El ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, obtuvo la suspensión provisional que le concedió un juez de distrito, contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva que le dictó un juez de la Ciudad de México en julio del año pasado por los delitos del orden común cometidos por o contra servidores públicos locales.
El ex funcionario promovió un nuevo juicio de amparo el 15 de noviembre de este año ate el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, contra el juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Ocho del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
La medida cautelar otorgada es a efecto que el procedimiento continué hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia, momento a partir del cual deberá suspenderse y no dictarse auto de apertura a juicio oral, hasta que se notifique la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo.
El juzgador agendó la audiencia incidental para el próximo 27 de noviembre a las diez horas con quince minutos, donde determinara si le concede a Vizcaíno Carmona la suspensión definitiva.
En el proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito, el ex funcionario, quien fue detenido a finales de julio de 2022 por elementos de la policía de investigación en la colonia Del Valle, presuntamente formaba parte del llamado cartel inmobiliario en Benito Juárez, ya que la Fiscalía General de Justicia lo acusa de haber recibido 69 millones de pesos de dos empresas inmobiliarias entre 2015 y 2016, al realizar posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, con lo que habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía a sus propios intereses.
Ya había sido procesado por enrriquecimiento ilícito
En agosto de 2022 fue procesado por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, por el cual en septiembre de 2023 recibió por parte de la autoridad judicial capitalina una condena de cuatro años de prisión domiciliaria, a través de un procedimiento abreviado.
En ese entonces, la vocería de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), señaló que el servidor público delegacional entre 2009 y 2016 aceptó tácitamente su responsabilidad, por lo que se mantuvo bajo custodia policíaca y tenía cubrir una sanción pecunaria.
Por eso, en aquella ocasión el juez de control ordenó el decomiso de las cuentas bancarias de dos de sus empresas y de un edificio ubicado sobre avenida Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Benito Juárez, del cual es propietario junto con otro ex servidor público de Benito Juárez –Nicias Aridjis, el primer sentenciado por enriquecimiento ilícito, en procedimiento abreviado– y cinco departamentos ubicados en un edificio de la calle Petén, colonia Narvarte Oriente.
