Un juez federal concedió una nueva suspensión definitiva que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar” documentos relacionados con la llamada Guerra Sucia, hechos que investiga el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
La prohibición de destruir los documentos en poder del Ejército resulta del juicio de amparo que promovió Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida desde 1978, caso que acompaña el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien demandó a la Sedena a cumplir con la resolución del Poder Judicial.
“A 46 años de la desaparición de Alicia de los Ríos Merino, madre, hacemos un llamado a la Sedena a cumplir con esta resolución del Poder Judicial de la Federación y garantizar el derecho a la verdad de quienes -por décadas- han buscado incansablemente a sus seres queridos”, subrayó.
La organización de derechos humanos indicó que De los Ríos Merino promovió el juicio con el objetivo de detener la opacidad y alteración de los documentos que posee la Sedena, luego de las irregularidades cometidas por la dependencia y documentadas en el reporte “Las formas del Silencio” por el Mecanismo.
Ella busca a su madre desaparecida en enero de 1978 por la Brigada Blanca, una agrupación conformada por el Ejército, la extinta Dirección Federal de Seguridad (hoy Centro Nacional de Inteligencia), la entonces Procuraduría General de la República, y policías y procuradurías estatales.
Esta resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa “reconoce que familiares de personas desaparecidas, como Alicia de los Ríos Merino, tienen derecho a reclamar a través del juicio de amparo las resistencias de la Sedena a abrir sus archivos, así como oponerse a la manipulación y destrucción de documentos que son clave para reconstruir la verdad, identificar a los responsables y obtener elementos para la búsqueda de las personas desaparecidas”, destacó el Centro Prodh junto con organizaciones acompañantes.
“La opacidad del Ejército Mexicano en este sexenio al no garantizar el acceso a archivos y alterar sus fondos documentales relacionados con graves violaciones a derechos humanos evidencia la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, así como la promesa incumplida de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición para las víctimas”, apuntaron.
