Quito. A la vez que coincide con Donald Trump, de declarar como grupos “terroristas” a los carteles de la droga, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afronta una crisis múltiple después de un “vendaval” de críticas a su gobierno por la desaparición de cuatro menores de edad a manos de militares y por los cortes de energía eléctrica prolongados por más de tres meses.
“Me alegro que el presidente electo (Donald) Trump ya considera a los carteles como grupos terroristas, eso fue algo nuevo, nunca los Estados Unidos los había considerado como grupos terroristas `per sé`, y eso nosotros ya lo hicimos al inicio de este año”, dijo. Así hizo referencia a la declaratoria en enero pasado del “conflicto armado interno” contra 22 grupos de delincuencia organizada, vinculados al narcotráfico, a los que pasó a llamar “terroristas”.
En una entrevista radial donde abordó varios temas, Noboa señaló que el crimen trasnacional necesita una respuesta trasnacional y para ello ha conversado con el gobierno estadunidense, con la comunidad europea, con Japón, Corea, Brasil y Argentina, “porque esto tiene que ser un esfuerzo en conjunto”, acotó.
Sin embargo, su lucha contra la violencia criminal no ha tenido los resultados esperados. Al contrario, la desaparición de cuatro niños afroecuatorianos a manos de militares desde el 8 de diciembre último que desató una ola de críticas, movilizaciones ciudadanas en Quito y Guayaquil, pone en entredicho el rol de las Fuerzas Armadas, pues ya son más de 9 casos de desapariciones forzadas en lo que va de 2024, tras la declaración de “conflicto armado interno”.
Los menores de edad son los hermanos Josué Arroyo (14 años) e Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años). Sin embargo, este lunes, el gobierno dio versiones distintas y contradictorias sobre este caso.
En principio las autoridades militares negaron la participación de sus soldados en esa desaparición, pero tras la divulgación de un video que lo corrobora el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, reconoció que los niños fueron detenidos por militares, porque habrían cometido un delito con base en un informe que indica que una patrulla con 16 miembros observó a ocho personas presuntamente robando a una mujer, neutralizan a tres y una cuarta es entregada por un ciudadano.
Previamente, en esa entrevista, Noboa sugirió crear una comisión para que los cuatro niños sean considerados “héroes nacionales”. Además, señaló que este caso no sería un crimen de Estado: “Esto está en investigación y nosotros mismos somos los que estamos participando activamente, y colaborando para que exista justicia”.
Frente a todo esto, la Asamblea Nacional se declaró ayer en sesión extraordinaria y citó al ministro de Defensa para que explique el rol de los militares en este tema, pero Loffredo no asistió. En esa sesión, tras la exhibición del video del momento de la detención, los legisladores exigieron una respuesta inmediata del jefe de Estado para devolver con vida a los cuatro menores de edad.
Cierran la puerta a vicepresidenta Verónica Abad
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, volvió a su oficina con la intención de retomar su cargo tras un fallo judicial, que este lunes dejó sin efecto una suspensión de cinco meses, pero se encontró con las puertas cerradas, además de un contingente policial de resguardo para evitar su ingreso.
La decisión judicial dispuso “al ministerio de Trabajo de la República del Ecuador dejar sin efecto la resolución del sumario administrativo” con el que se suspendió a Abad por el supuesto abandono injustificado de sus funciones mientras se desempeñaba como embajadora en Israel, dijo la jueza Nubia Vera en su dictamen.
Exhibiendo una bandera del Ecuador, Abad se dirigió a Noboa: “Señor presidente, es una vergüenza ante la comunidad internacional que no dé paso a la vicepresidenta de los ecuatorianos, hemos respetado toda instancia y aquí estamos (…) le pido por favor que abra esta puerta o estará cayendo en desacato. Tienen cinco minutos para abrirme la puerta”.
Simultáneamente, la jueza Nubia Vera denunció públicamente presiones y amenazas provenientes del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y otros funcionarios, entre ellos un asesor del presidente Noboa. Según ella, le entregaron un USB con instrucciones explícitas sobre cómo debía fallar en el caso de acción de protección presentado por Verónica Abad contra el Ministerio de Trabajo.
Además, la jueza denunció que fue amenazada con la destitución si no emitía un fallo desfavorable a la acción de protección y también de que teme por su vida y la de sus hijos, asegurando que ya enfrenta represalias, incluyendo quejas judiciales que buscan declararla en error inexcusable.
Pocos minutos después, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, informó que Noboa firmó dos decretos: uno agradeciendo a Sariha Moya por el tiempo que estuvo como vicepresidenta encargada y otro designando a Abad una única función, una vez terminada la suspensión: “Se asigna como única función especial y temporal colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de la República de Turquía”. Para ello, Abad tendrá que presentarse en ese país antes del viernes 27 de diciembre.
