Ciudad de México. Colectivos y organizaciones no gubernamentales denunciaron que las amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias de las autoridades hacia las comunidades y los pueblos originarios no cesan. En conferencia, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas (Frayba) y del Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, exigieron la libertad inmediata e incondicional de su compañero zapatista José Díaz, indígena chol, detenido hace un año y siete meses, de los cinco defensores del territorio del municipio de San Juan Cancuc en Chiapas y la guardiana de los bosques, Maria Cruz Paz Zamora, en Michoacán.
También participaron representantes de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, quienes acusaron sobre los ataque y represión a pueblos en resistencia contra el basurero de Cholula, Puebla, así como de la Comunidad Otomí residente de la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, quienes se quejaron de las represiones y la persecución a defensores de derechos humanos, además, que les cortaron la energía eléctrica y el suministro de agua potable en el espacio que ocupan ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la colonia Xoco.
Pedro Faro, del Frayba, señaló que en Chiapas, desde el año 2016 se implementó el sistema penal acusatorio y en todo este periodo, dijo, han documentado un patrón de fabricación de culpables, en donde con montajes, y tortura, inventan delitos a personas (jóvenes, indígenas, personas defensoras), buscando aparentar gobernabilidad y buen funcionamiento de las instancias de procuración e impartición de justicia.
Manifestó que la fabricación de culpables como patrón de inculpación y detención arbitraria de personas inocentes puede presentarse de manera aislada, pero también es utilizado como forma de represión criminalizando a personas defensoras de derechos humanos.
Recordó José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, indígena Cho´l y campesino, de 45 años, “está secuestrado” desde el 25 de noviembre de 2022, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados CERSS No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.
“El Estado mexicano no ha tomado las medidas adecuadas para garantizar que siempre cuente con traductores e intérpretes de su lengua materna. La falta de acceso a un traductor en su lengua materna constituye graves violaciones a sus derechos humanos. El hecho de que no se le haya proporcionado un intérprete en su lengua materna durante el proceso penal no solo contraviene las normas internacionales de derechos humanos, sino que también impide su capacidad para entender adecuadamente las acusaciones en su contra y para participar de manera efectiva en su propia defensa”.
Durante un pronunciamiento, los colectivos demandaron categóricamente la clausura definitiva del basurero de Cholula, la entrega de vivienda justa a la comunidad otomí que hoy habita en la Casa de los Pueblos Samir Flores, y la reconexión de electricidad a este espacio.
Asimismo, exigieron la libertad inmediata e incondicional de José Díaz, de los cinco defensores del territorio del municipio de San Juan Cancuc en Chiapas: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, así como de la compañera guardiana de los bosques, Maria Cruz Paz Zamora, en Michoacán.
