No hay expropiación
de los bancos de materiales que explotaba la gigante minera Vulcan Materials en las costas de Quintana Roo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión tomada en torno al polígono Felipe Carrillo Puerto, que se publicó el lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) –que incluye el yacimiento–, es una declaratoria de área natural protegida, porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales
, acentuó.
A pregunta sobre la posición de la empresa estadunidense en torno a la declaratoria –acusando expropiación
–, el mandatario insistió en que se trata de una defensa del territorio nacional en una de las zonas mas bellas
de México y el mundo, las costas de Playa del Carmen, en la Riviera Maya.
Con una extensión de más de 53 mil hectáreas, la administración federal decretó la creación del área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, la cual comprende los terrenos de 2 mil 387 hectáreas de la mina Sac-Tun (antes Calica), que eran explotados por la empresa con sede en Alabama.
El decreto en el DOF indica que la zona con categoría de protección de flora y fauna se ubica en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel.
En un comunicado, la empresa anunció un día después que impugnará legalmente la decisión del gobierno de López Obrador.
El jefe del Ejecutivo mexicano descalificó la posición de la compañía y reiteró que se buscó llegar a un acuerdo con sus directivos.
Le ofrecimos que se les compraba su parte, se hizo un avalúo, y siempre la prepotencia, no entendiendo que México es un país independiente, soberano.
Reclamo pendiente
Ante el amago de la poderosa empresa estadunidense de impugnar la resolución federal, el mandatario pidió indagar quiénes son los abogados de la misma.
Son estos despachos de potentados conservadores. Pero como nos asiste toda la razón, pueden ir a cualquier tribunal. Y sólo que no haya justicia y que ya impere la hipocresía
México perdería el litigio.
En ese sentido, y debido a que Vulcan ha buscado y cuenta con el apoyo de diversos sectores de Washington –que incluso han amenazado con llevar el caso a diferendos dentro del T-MEC–, el Presidente cuestionó.
Porque hablan de la defensa del medio ambiente, de evitar el cambio climático, y miren lo que hacen, banco de materiales para llevarse la grava a Estados Unidos.
Para sustentar sus afirmaciones, pidió a su equipo de colaboradores proyectar un video que evidencia la devastación ambiental de la zona en la que se instaló la mina.
Hace tiempo, la compañía interpuso un arbitraje ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington, en el que reclama mil 900 millones de dólares a México por la clausura de la mina que se dio hace ya varios meses.
