La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró que la modificación a este organismo propuesta por su titular Rosario Piedra Ibarra, no implica la eliminación de la protección y defensa de los derechos humanos ni solo un cambio de nombre, sino fortalecer sus funciones y potenciar sus alcances, así como dar cumplimiento a la reforma del artículo primero constitucional que data desde 2011.
En un pronunciamiento, la CNDH señaló que a raíz de la presentación de esta propuesta en la Comisión Permanente del Congreso, algunos medios de comunicación, opinadores, integrantes de partidos políticos y hasta precandidatos, han aprovechado la ocasión para tergiversar las palabras de Piedra y mentir abiertamente en torno a la desaparición de la comisión con la intención de crear un clima de incertidumbre y generar animadversión hacia la actual administración del organismo.
Expuso que como parte de esta “campaña sucia” contra la CNDH se difundió la idea equivocada y tendenciosa, de que la propuesta de desaparecer a la comisión lleva la intención de eliminar la defensa y protección de los derechos humanos en el país, y esconder sus violaciones, cuando, en realidad, se trata de dotarla de mejores instrumentos y herramientas, potenciar sus alcances y facultades, para que deje de ser una institución meramente testimonial, con una larga tradición de simulación y burocratismo, que han denunciado, desde su origen, las propias víctimas.
Con la reforma propuesta, las recomendaciones que se emiten no quedarían a consideración de cumplirse o no por parte de las autoridades recomendadas, su cumplimiento sería obligatorio.
Además de que se plantea la incorporación de acciones preventivas, para evitar la consumación de violaciones a derechos humanos y no solamente reaccionar frente a las quejas, como sucede hasta ahora.
Esto, a diferencia de lo que se ha intentado hacer creer, no es un capricho ni una ocurrencia sin sustento, sino, por el contrario, es resultado de demandas ciudadanas y análisis y reflexiones de organizaciones y colectivos, no de ahora, sino de hace muchos años, y, en síntesis, implica cumplir con la reforma en materia de derechos humanos que se hizo desde 2011, y aplicar a cabalidad el artículo 1º de nuestra Constitución, producto de esta, apuntó el organismo.
El cambio de nombre es lo de menos, se trata de cambiar el modelo que impusieron los neoliberales Carlos Salinas de Gortari y Fernando Gutiérrez Barrios, este último el más grande perpetrador de violaciones de derechos humanos en el país en el siglo XX, señaló.
También de superar la figura de los llamados “órganos constitucionales autónomos”, que sólo han creado y enriquecido una casta burocrática dorada, alejada del pueblo y ajena a sus intereses, que hizo de la CNDH, hasta hace 5 años, rehén de poderes fácticos y, por ende, la institución nacional de derechos humanos más costosa y menos productiva de todo el mundo, en materia de protección y defensa de los derechos humanos, abundó.
La CNDH consideró que ha faltado un análisis serio y objetivo de lo dicho por su titular ante el Congreso de la Unión, y justo eso es lo que eluden algunos opinadores, académicos y hasta precandidatos y dirigentes partidistas, al desacreditar la transformación de la CNDH.
Se ha omitido decir que la propuesta de crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo no sólo es para fortalecer la defensa de los derechos humanos en México sino que garantiza plenamente su autonomía, “dejando de depender de las negociaciones oscuras de los partidos o de la existencia de un Consejo Consultivo atado a intereses facciosos como sucede ahora, sino mediante la elección de su titular de manera directa por el pueblo”, enfatizó el organismo.
