Morelia, Mich., Entre bromas y veras, un moreliano propone rescribir el himno de su estado: “Caminos de Michoacán / mil huertas que voy pasando…”

Huertas de aguacate, de limón, de berries, claro. La expansión sin freno del primer cultivo ha sido a costa de los bosques de pino, encino y oyamel, como sucedió en otras épocas con el maíz y el durazno. Lo que no tiene parangón, según los expertos michoacanos y las cifras oficiales, es el tamaño de la destrucción.

En el caso del aguacate, como en otros asuntos del país, la ley y los reglamentos caminan por un lado y la realidad por otro.

En 1987, el antecedente de la actual Secretaría de Medio Ambiente cerró la cortina: no se otorgarían más permisos de cambio de uso de suelo forestal (tumbar bosque para dar uso agrícola a la tierra).

La realidad –y las ganancias enormes que produce el aguacate– marcharon en sentido contrario: ¡Desde esa fecha, calculo que se han establecido ilegalmente unas 150 mil hectáreas de aguacate!, dice Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente del gobierno de Michoacán.

La expansión del cultivo de aguacate en Michoacán –entidad que es la mayor productora del fruto– ha ido de la mano del crimen organizado desde que comenzó el boom del fruto luego de que EU abrió su frontera, en 1997, pero no fue gratis.

Los mexicanos pagábamos 5 mil dólares mensuales a Kika de la Garza para que cabildeara en el Congreso gringo, recuerda un productor pionero, en referencia a Eligio de la Garza, nacido en Texas, quien fue presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y fundador del caucus hispano.

Para empezar por algún punto en un tema complejo, Méndez cita un estudio de la UNAM que encontró que entre 1974 y 2011 se sembraron 140 mil hectáreas de aguacate, y que un tercio eran ilegales.

Las imágenes satelitales son tan claras como una fotografía tomada a corta distancia. Son mostradas por un ex funcionario que ha pasado por varios gobiernos en Michoacán, vinculado siempre al sector agrícola. Aparecen los mismos predios en diferentes momentos. En una se ve maquinaria pesada que se utiliza para perforar pozos profundos. Las máquinas trabajan sobre una olla de agua, un depósito que aprovecha los escurrimientos naturales para capturar el líquido.

En tomas capturadas tiempo después se ven tuberías que salen de las ollas. Es decir, las ollas de agua –muchas de ellas ilegales, pues requieren autorización federal– no son sino tapaderas de un daño mayor.

En 2024, un tercio de las huertas de aguacate sufrió estrés hídrico. “Perdieron fruta, hubo huertas que se secaron. Pero además se generó un problema muy fuerte aquí en Pátzcuaro. Fue un caso muy sonado. Las comunidades llegaron y denunciaron: ‘están huachicoleando el agua de aquí del lago, de Zirahuén y del río Carácuaro’”.

Fue en abril pasado que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acusó a los aguacateros: Están sacando agua del lago para llenar sus ollas, que también son ilegales.

El secretario Méndez no tiene dudas: Fueron los aguacateros, para no perder su producción, y (porque) tienen la lana (una pipa llegó a costar entre 4 y 5 mil pesos).

Los campesinos con otros cultivos, que no tienen el dinero de los aguacateros, corrieron otra suerte: Se perdieron 72 mil hectáreas de cultivos de temporal.

Se realizaron operativos contra la extracción de agua de los lagos, en los cuales las autoridades locales llegaron a recuperar equipos de bombeo que cuestan hasta 400 mil pesos y que nunca fueron reclamados.

Celebración y lamentos

Para enfrentar los daños ambientales provocados por el exitoso cultivo, el gobierno michoacano, en alianza con otras instituciones y el gobierno de Noruega, implementó un sistema satelital de vigilancia llamado Guardián Forestal. Como las huertas no caminan, es muy sencillo saber (dónde se tumbó el bosque de pinos para sembrar aguacates).

Mediante esa herramienta es posible detectar con toda precisión los lugares donde se deforestó para sembrar aguacates y el momento en que se hizo. Así, la administración estatal confeccionó una suerte de lista negra tomando 2018 como año base (negar permisos a los productores que deforestaron a partir de ese año) y avanzado en la ruta legal: ¡Pusimos 327 denuncias de un trancazo!

Las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) y la fiscalía estatal. Aunque suena un gran número, se trata de un primer paqueteTuvimos que priorizar, porque nos salieron miles de alertas. Aun así, nos convertimos en el estado que más denuncias ambientales tiene.

Además de la definición de un año base, Michoacán propuso al gobierno federal, en el sexenio pasado, establecer un procedimiento para regularizar las huertas y que abriera la ventanilla para el permiso de cambio de uso del suelo legal.

María Luisa Albores, entonces titular de la Semarnat, “vino al final y dijo: ‘guau, pues está chido su sistema y pues échenle’, (pero) no habló de adoptar el sistema de vigilancia”.

Méndez relata que en el sexenio pasado discutieron por más de un año la posibilidad de establecer ese año base con autoridades federales (Semarnat, del INECC, Profepa), sin llegar a un acuerdo. Funcionarios federales argumentaron que no tenía sentido, dada la prescripción del delito, pese a que la propia Profepa había establecido el criterio de que una huerta en un predio deforestado se tiene que regar y fertilizar, por lo que se configura un delito continuado.

Las autoridades michoacanas también pidieron establecer una ruta para regularizar las huertas que deforestaron, o sea, la compensación ambiental que debían hacer. Porque el criterio que tiene Profepa es que se debe de tumbar el aguacate y reforestar ahí mismo.

La ley es muy clara al respecto, pero Méndez pone el toque de realidad: ¡No ha pasado en 30 años!

Por lo general, las autoridades federales voltean para otro lado y no aplican la ley. Por el contrario, en las últimas dos décadas, desde la Secretaría de Agricultura hacen fiesta cada vez que entra un nuevo municipio a la exportación y en Semarnat se ponen de pésame.

En los últimos días del sexenio de López Obrador, un alto funcionario de la Semarnat fue claridoso con Méndez, tras más de un año de discusión: Te lo digo formalmente, pero no oficialmente, o sea, no por escrito: no te vamos a dar el año base.

Norma que sólo alimenta la corrupción

Con más de dos décadas involucrado en el tema, Méndez dice que no conoce un solo caso en que se haya tumbado una huerta de aguacates para restaurar el bosque. La ley es muy estricta, pero no se cumple y sirve sobre todo para alimentar la corrupción.

Cuenta un caso reciente de un anciano, dueño de una huerta de 10 hectáreas, al que unos policías amenazaron con cárcel. Lo asustaron y le sacaron dos millones y medio de pesos. El señor no tenía tanto, pero les dio una camioneta y dinero. O el caso de productores de Zacapu, que le han contado que les pasan la charola cada 15 días.

Las han clausurado, multado y les han sacado dinero. Lo único para lo que ha servido esa ley tan estricta es para enriquecer a inspectores y policías.

El gobierno michoacano está atendiendo el asunto con los nuevos titulares federales de las dependencias involucradas.

El 7 de diciembre pasado, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se reunió con autoridades michoacanas y aguacateros. En un breve mensaje en redes sociales, manifestó: Seguiremos de la mano con toda la cadena de producción de aguacate para fortalecerla con sanidad, sin deforestación y con respeto a los derechos laborales.

Compartir