Después de 19 días de paro laboral que inició por el despido de 180 de sus compañeros, y tras acordarse los puntos prioritarios de sus demandas, trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decidieron levantar la protesta y reiniciar actividades mañana lunes.
Alrededor de 250 mil expedientes —algunos de ellos con más de 20 años sin resolverse y que se encuentran en alguna fase procesal— deberán retomar su cauce a fin de que se emitan los laudos y sean ejecutados.
El viernes pasado, cerca de la medianoche, se levantó el acta de apertura de las instalaciones en la que se estableció la “reanudación formal y total de las actividades laborales, administrativas y jurisdiccionales” de las instalaciones, ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco.
En el documento, suscrito por la titular de la JFCA, María Eugenia Navarrete, y Hanzel Homero Alvizar Bañuelos, responsable de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se estipuló el compromiso de que el “cese del paro de actividades no implica la renuncia de derechos” y las autoridades continuarán con el diálogo en mesas de trabajo.
La firma del pliego petitorio por dichos funcionarios, previo a la reapertura de la Junta Federal, era una de las principales demandas de los trabajadores, a fin de garantizar su cumplimiento.
En entrevista, la presidenta de la JFCA se comprometió a respetar los derechos de los empleados de esta institución, que está en proceso de desaparición derivado de la reforma laboral del 2019. Detalló que se tiene 42 por ciento de avance en su extinción, con el cierre de 21 juntas en el país.
Como informó La Jornada, el miércoles pasado comité representativo de los trabajadores tuvo un acercamiento con las autoridades y lograron avances positivos para revisar los casos del personal activo, despedidos y eventuales.
De acuerdo con el documento signado por las autoridades laborales, éstas se comprometieron a que no haya represalias y por lo que resta del 2025 no se suprimirán más juntas especiales.
En el caso del personal despedido el 26 de mayo pasado, tras el cierre de seis juntas especiales, y no firmaron el “convenio de terminación”, podrá regresar a laborar y ser reubicados; quienes deseen ser liquidados, se realizará la cuantificación de la antigüedad conforme a la ley.
Por lo que corresponde a los trabajadores cesados y que sí firmaron la conclusión de su relación laboral, también se revisará cada caso respecto a su liquidación; asimismo podrán ser reubicados, siempre y cuando exista una “permuta” de plaza dentro de las juntas principales.
Las mesas de trabajo se realizarán a partir del lunes, y estarán a cargo de Ariadna Zavala Ventura, quien será el enlace con la coordinación de administración, y verificarán lo pactado en conjunto con la representación de los trabajadores.
Los empleados dijeron estar conscientes del cierre progresivo de la JFCA, no obstante pidieron que sus derechos sean respetados conforme a lo establecido en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019.
En este sentido, sostuvieron una reunión con la diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, y a quien reconocieron su disposición para entablar el diálogo con la STPS y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
En contraste, los trabajadores reprocharon la “falta de apoyo” de Gonzalo Franco Mercado, dirigente del sindicato de la STPS, quien tiene más de 25 años al frente del gremio, y “brillo por su ausencia” en este conflicto que duró casi tres semanas.
