Madrid. La líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, defendió este lunes que no cometió “ni la más mínima irregularidad” durante su declaración en el juicio celebrado por un caso de presuntos falsos asistentes parlamentarios, con los que tanto ella como otros 30 miembros de la formación francesa habrían malversado fondos por valor de al menos tres millones de euros de la Unión Europea.
“No tengo la menor sensación de haber cometido la más mínima irregularidad, la más mínima ilegalidad”, expresó Le Pen durante su declaración en el juzgado, según recoge la cadena de televisión francesa BFMTV.
En concreto, a ella se le acusa de pagar a tres asistentes que trabajaban en nombre del partido con fondos europeos, y la sesión de esta jornada se centró en el caso de Catherine Griset, asistenta histórica de Le Pen.
A pesar de negar los cargos, reconoció su “lentitud” a la hora de reaccionar al cambio de la situación personal de Griset, quien debía residir en Bruselas al constar como asistenta parlamentaria acreditada, si bien vivía en la región de París y en todo un año tan solo pasó doce horas en la capital belga.
“Su situación personal había cambiado. Me dijo que quería volver a París. Reaccioné con lentitud”, afirmó Le Pen, que además justificó la actividad política de su asistenta debido a que “forma parte del mandato” y que no ve la “diferencia” entre un asistente nacional y uno europeo.
El juicio comenzó la semana pasada en París en el marco de una investigación que sostiene que se habrían malversado al menos tres millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2016. Estos asistentes se habrían centrado en los asuntos del partido en Francia, en lugar de cumplir funciones en lo concerniente a la UE, como especificaban sus contratos.
Además de Le Pen, también han sido acusados otras figuras del partido como varios ex vicepresidentes, como Wallerand de Saint-Just, Bruno Gollnisch, o Louis Aliot, así como el portavoz y diputado Julien Odoul y el propio ex presidente de la formación y padre de la actual líder, Jean-Marie Le Pen. En el caso de este último, se le eximió de comparecer ante el tribunal debido a su precario estado de salud.
En caso de que fueran declarados culpables, la Justicia francesa prevé penas de prisión de hasta diez años de cárcel y los mismos de inhabilitación política, lo que podría dar al traste con sus teóricas aspiraciones de presentarse a las presidenciales de 2027.
