Diversas organizaciones civiles, así como académicos, activistas y vecinos organizados, lanzaron ayer la campaña #YlaViviendaQué, cuyo propósito es exigirle a quienes aspiren a ocupar diversos cargos públicos que tomen una posición clara respecto a la “crisis” que hay en México en materia de disponibilidad de espacios habitacionales.
En entrevista con La Jornada, María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, señaló que a pesar de la grave problemática que existe con respecto a la vivienda en México, “por ahora no está claro si va a ser uno de los temas centrales que estará en los programas de los y las candidatas” que participarán en los comicios del próximo 2 de junio.
Uno de los ejemplos de la existencia de una “crisis” en este ámbito, señaló la especialista, es el alza “impresionante” de los precios de la vivienda, en comparación con los incrementos salariales, lo cual se suma a los desalojos de quienes no pueden seguir pagando la renta de sus casas, los cuales “en muchas ocasiones responden a la gentrificación y la especulación inmobiliaria”.
Emanuelli indicó que los problemas en el sector son múltiples y no sólo tienen que ver con el déficit de vivienda nueva, sino también con el hecho de que “durante los últimos años se ha estado construyendo no para las personas más vulnerables, sino para quienes tienen un salario fijo, seguro, que están en el Infonavit o tienen salarios de clase media o alta”.
Uno de los principales retos sería entonces el de la asequibilidad de la vivienda, además de la poca oferta para quienes buscan un alquiler de carácter “social” y la ausencia de alternativas basadas en esfuerzos colectivos, como las cooperativas.
Luego de considerar que la propuesta de reforma constitucional en este tema presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un paso positivo, aunque insuficiente, porque sólo beneficiaría a trabajadores asalariados, la experta recalcó que todas las personas candidatas deben tener propuestas sobre este fenómeno.
“Queremos abrir el debate, poner el tema sobre la mesa y obligar a quienes después serán tomadores de decisiones a expresarse. Queremos una especie de contraloría ciudadana que vea lo que se va a prometer en campañas y que después obliguemos a quienes han hecho compromisos a respetarlos. Cada persona candidata tiene algo que puede hacer, desde lo nacional hasta lo local, para que el suelo sea visto como un derecho humano para todos”.
