Ciudad de México. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de los periodistas Calletano de Jesús Guerrero y Alejandro Gallegos León, así como el secuestro de Alan García Zúñiga. Llamó a las autoridades a llevar a cabo investigaciones “exhaustivas, diligentes e imparciales” en estos casos que se registraron en este mes, así como a reforzar las medidas de prevención y protección para la prensa.
En un pronunciamiento, subrayó que el asesinato de periodistas “es la forma más extrema de censura, y no puede ser tolerado en sociedades democráticas”. Los actos de violencia contra este sector “tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.
Aseveró que las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, “son particularmente graves”.
Derivado de que Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, y Alan García Zúñiga, víctima de secuestro en Veracruz, son beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Relatoría Especial enfatizó la necesidad de “una reflexión profunda” sobre la efectividad y funcionamiento de las medidas puestas en marcha.
En este sentido, reiteró su llamado al Estado mexicano a fortalecer las acciones de prevención y protección para periodistas, brindándoles las máximas garantías para que puedan ejercer su labor en un entorno seguro y libre; y su disposición para dialogar con las autoridades y conocer las acciones puestas en marcha o en curso, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Mecanismo de Protección.
Respecto a Alejandro Gallegos León, quien fue desaparecido y posteriormente encontrado sin vida en Tabasco, la Relatoría Especial indicó que el Estado le informó que el Mecanismo de Protección solicitará a la Fiscalía General de la República atraer el caso para llegar a la verdad y a la justicia. Asimismo, que ha fortalecido los canales de comunicación con el gobierno de Tabasco para valorar el otorgamiento de medidas de protección a los familiares.
