Bogotá. Colombia se resiste a aceptar que la violencia sea el derrotero de su futuro. Esa ha sido la reacción generalizada de un país que mira con hastío cómo las bandas armadas ilegales quieren disputar el territorio a campesinos, afrocolombianos y comunidades indígenas.

Lo sucedido en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, ya no es un conflicto entre el Estado y grupos guerrilleros; luego, su carácter político se agotó. Es un enfrentamiento, según el presidente Gustavo Petro, entre bandas narcoarmadas que buscan desplazar a la población civil de sus territorios para su propia codicia.

La región del Catatumbo, cuya extensión supera 4 mil 800 kilómetros cuadrados, está localizada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, en la cual habitan cerca de 290 mil personas en 10 municipios. Es considerada por los grupos armados ilegales zona estratégica por su cercanía a la frontera con Venezuela, y porque su densa selva tropical permite la fácil construcción de laboratorios clandestinos para la producción de cocaína, el gran negocio que hoy los tiene enfrentados.

“Hay una serie de hechos pavorosos, diría yo (…) no tenemos aún toda la información (de lo ocurrido en el Catatumbo). Desde el viernes que estuvimos ahí en Tibú se empezó a recoger toda la información. Había más rumores que datos. Hoy todavía tenemos mucho rumor. Aún no tenemos las cifras concretas de cuántas personas han muerto; 32 es lo que aparece en las morgues en el caso del Catatumbo, pero todos sabemos que aún no se llega a muchos sitios. Éste puede ser uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea, desde la violencia liberal-conservadora”, admitió el presidente Petro en un acto público el martes para lanzar una estrategia contra la corrupción.

Como lo evidencia el propio jefe de Estado, las informaciones son aproximadas sobre el número de muertos que ha podido dejar esta arremetida del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y sus enfrentamientos con las llamadas disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), es decir, una facción que se apartó de la negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Dicen las comunidades campesinas de la región del Catatumbo que el número de personas asesinadas puede superar 80 y haber estimulado un desplazamiento aproximado de 50 mil labriegos.

Estado de Conmoción

Esta crítica situación obligó al gobierno del presidente Petro a adoptar el Estado de Conmoción Interior, que en estos momentos su equipo jurídico diseña para hacer frente a la crisis regional.

Por ahora, según la Casa de Nariño, el gobierno ordenó el desplazamiento de una brigada de 600 soldados del ejército a la zona del Catatumbo, básicamente a una de sus poblaciones emblemáticas, Tibú, cuya extensa periferia ha sido el escenario de los intensos combates entre las dos bandas criminales. El propósito, según el ministerio de Defensa, es restablecer el orden, pero, sobre todo, garantizar la seguridad de campesinos y campesinas que habitan los 10 municipios que, además, componen familias que han sido desplazadas por la violencia o por los firmantes de paz que, según datos sin confirmar aún, se encuentran entre los asesinatos que dejó la acción armada del ELN.

El ELN –guerrilla creada en 1964 y que históricamente reivindicó el pensamiento del Che Guevara– decidió sentarse a la mesa de negociación con el gobierno de izquierda del presidente Petro, y pactar, producto del avance en esa mesa de diálogos, un alto el fuego bilateral indefinido para adelantar una agenda en procura de lograr llevar paz a los territorios donde opera esa guerrilla.

Para observadores académicos y analistas del conflicto armado, nunca antes un gobierno que buscó sentarse a la mesa de negociación con este grupo había cedido tanto a las pretensiones del ELN, como lo hizo el actual presidente. En efecto, fue tanta la generosidad del gobierno que el mismo Petro se atrevió a decir que en tres meses sería una realidad el acuerdo de paz.

Se acabó el diálogo con el ELN

Pero, tras estos violentos hechos, el gobierno nacional declaró la caducidad de los diálogos de paz y ordenó a la fuerza pública la reanudación de sus operaciones contra este grupo al que, el mismo Petro, califica de organización narcoarmada.

Sin embargo, el mismo presidente no se guardó sus reflexiones y en clara autocrítica comentó que la situación del Catatumbo enseña. Uno aprende también de los fracasos, y ahí hay uno. Un fracaso de la nación. Lo voy a decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información, pero cómo el ELN se desplaza de Arauca (departamento fronterizo con Venezuela) a Norte de Santander, en una cantidad de hombres que todavía no la sabemos, pero tiene que ser abultada.

Puesto en contexto, este comentario de Petro no deja de ser un tema delicado porque el departamento de Arauca ha sido la base histórica del ELN y comparte una extensa frontera con Venezuela y, según autoridades de la región, los guerrilleros pudieron desplazarse por territorio venezolano para llegar a la región del Catatumbo.

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