Buenos Aires. El presidente Javier Milei y su gabinete parecen dispuestos a aplicar “la motosierra” a las Fuerzas Armadas. Hoy se conoció el paso a retiro del Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto, Fabián Berredo, uno de los cinco militares más importantes del país, quien presentó una denuncia ante el juez Federal Daniel Rafecas, acusando al subjefe del Ejército Carlos Carugno de haberlo amenazado y extorsionado para que se retire, o de lo contrario despedirían a su esposa Claudia Barros, coronel médica del Hospital Militar.
Consideró el general Berredo, que ocupaba un cargo estratégico, que esto fue una “clara figura de coerción; me mandaron un mensajero para decir que si para antes de tal fecha no pedía el retiro iba a ocurrir este hecho con mi señora”, dijo en una entrevista de radio Mitre del grupo Clarín.
“A lo largo de tres meses, y antes de presentar mi renuncia indeclinable, he presentado esta situación a la institución, a las máximas autoridades militares y civiles a través de notas, y esperé a que se tomen las medidas del caso; pensé que iban a hacerlo en forma instantánea y rápida” expresó en su carta de renuncia presentada al presidente, señala el diario digital Infobae.
Milei instrumentó una fuerte renovación y reducción de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, renovación que incluyó, además, acuerdos en el Senado para los ascensos de los nuevos cargos militares: el general Xavier Julián Isaac como Jefe del Estado mayor Conjunto; el general de brigada Carlos Alberto Presti, como nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército; el contralmirante Carlos María Allievi como jefe de la Marina; y del brigadier mayor Fernando Luis Mengo, al mando de la Fuerza Aérea”.
Este último nombrado pocos días antes de la asunción de Milei, fue pasado a retiro el 21 de noviembre por presunta “corrupción” según se informó, utilizando aviones para cuestiones personales.
En la restructuación militar de Milei, tras asumir el gobierno, pasó a retiro a 23 de los 55 generales del ejército y siete de 26 almirantes. Lo extraño es en base a qué elementos se produce la selección de los que deben pasar a retiro, cuando ni Milei ni su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, ni el Ministro de Defensa Luis Petri, tienen experiencia alguna en esta temática, pero evidentemente ya tenían una lista al asumir el gobierno.
Además existían rumores de descontento de las Fuerzas Armadas por el hecho de que la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, había presentado un plan donde los militares quedarían virtualmente bajo su control como una fuerza especial de seguridad cuando su misión constitucionalmente es la defensa de la soberanía nacional y no pueden actuar en seguridad interior.
Llamó la atención que esto suceda en momentos en que la vicepresidenta Victoria Villarruel, familiar de militares y defensora de los militares presos por crímenes de lesa humanidad, está enfrentada con Milei quien dijo recientemente que la también presidenta del Senado estaba “fuera de su gabinete”.
En tanto organizaciones que defienden a los militares juzgados y condenados por crímenes de la lesa humanidad presentaron un habeas corpus colectivo para pedir su liberación, considerándolos como víctimas de procesos judiciales.
A días de cumplir un año el gobierno de Milei y después del escándalo político que significó la visita de diputados de La Libertad Avanza a los responsables del terrorismo de Estado aplicado durante la dictadura militar que cumplen condena en la cárcel de Ezeiza, ahora demandan aparecer ante los tribunales.
Los medios locales investigaron que los detenidos habrían ayudado económicamente en la campaña electoral de la Libertad Avanza.
Entre ellos figuran Alfredo Astiz junto a otros integrantes que actuaban en la escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como de Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo y otros temibles pérsonajes de esa historia de horor que vivió Argentina, como el sacerdote Christian Federico Von Wernich (condenado por siete asesinatos).
Entre los organismos que interceden por los detenidos están el grupo que lidera Cecilia Pando y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita)cuya vicepresidenta, Silvia Ibarzábal, es asesora del ministro de Defensa, Luis Petri, nada menos que en derechos humanos, y Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia, que esta integrada por abogados defensores de los acusados por crímenes aberrantes.
Los organismos que interceden por los detenidos por crímenes durante la dictadura, argumentan que “Conceder la prisión domiciliaria u otras medidas morigeradas de detención no desatiende compromisos internacionales del Estado” y si esto no se puede resolver solicitan que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “dicte normas diferenciadas y condiciones especiales de trato.
