Ciudad de México. A cinco días de que difundió “la propuesta de Acuerdo” con el cual se inició la investigación al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y ex colaboradores, ayer por la tarde, el máximo tribunal y la Judicatura informaron que por instrucciones de la ministra Norma Lucía Piña Hernández el propio CJF investigará la filtración del archivo que señala actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación.
Se confirmó que, de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa —incluyendo las anónimas— por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones.
“Aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente. Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas”, se informó.
A partir de esto, la ministra Piña Hernández dio trámite el fin de semana pasado a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.
