Ciudad de México. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abstenerse de emitir en lo futuro cualquier pronunciamiento en materia electoral, el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra instó al Estado mexicano, particularmente al Poder Judicial de la Federación, respetar su mandato constitucional, garantizando su autonomía y libertad de acción.
Solicitó también el apoyo internacional del Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU), para el inicio de un procedimiento especial que tenga por objeto examinar e informar sobre la situación que se vive en México para el ejercicio de los derechos políticos- electorales.
En una denuncia pública, apeló a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a que se pronuncie y evite “que se consume este gravísimo atentado que puede ser el anuncio de más acciones similares que acaben por volver sobre nuestros pasos para restaurar algo que las y los mexicanos creíamos superado: el fraude electoral y la violencia política como razón de Estado”.
El fallo de la SCJN tiene que ver con una controversia constitucional promovida en 2022 por Lorenzo Córdova, entonces presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo de la Recomendación General 46/2022 , así como de los pronunciamientos DGDDH/081/2022 y DGDDH/082/2022 en los que se hacían llamados públicos para revisar la legislación electoral vigente y construir una reforma que asegurara a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticoelectorales.
El martes pasado, la CNDH anunció que acatará el fallo, pero consideró que los razonamientos e interpretación la SCJN son regresivos y restrictivos “de la más amplia defensa de los derechos humanos”. Además de que consideró que era censura y que la limita en sus funciones.
Hoy en su denuncia pública, un documento de 21 páginas, también solicitó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos su respaldo internacional por medio de la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos Regionales de Derechos Humanos para exhortar al Poder Judicial Federal, particularmente a la SCJN a no limitar la actuación de la CNDH sobre los derechos políticos-electorales “ya que estos son parte de la esfera de los derechos humanos”.
Pidió a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos la revisión “de forma urgente” y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su apoyo para posicionar la controversia y los hechos en cuestión “como una amenaza al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en México, con implicaciones para los derechos políticos y el principio de progresividad en la sociedad mexicana”.
