Frente a la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un sinfín de asuntos por definir, marcadamente criterios para determinar la validez de los votos, en un contexto de contienda por 881 cargos y potencialmente el registro de más de 5 mil candidaturas. Sin embargo, consejeros han advertido que la base para lograr un proceso de excelencia es tener un presupuesto adecuado.

El INE solicitó 13 mil 205 millones de pesos para organizar la elección de ministros, magistrados y jueces, mientras que en el Legislativo empezaron a circular comentarios en el sentido de que con la mitad será suficiente, en el mismo rango de la elección federal de este año.

Al dictar una conferencia magistral, la consejera Carla Humphrey expuso: “Tenemos varias interrogantes que vamos a tener que resolver como instituto ¿Qué pasará si en la boleta de la Suprema Corte que tengo que elegir nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, qué pasa si elijo siete? ¿Es válida esa boleta o no? ¿Qué pasa si selecciono puras mujeres u hombres? ¿Es válida o no? ¿Qué pasa si elijo 10 en lugar de nueve?, como autoridad electoral ¿a quién bajo? ¿Por volado o por orden alfabético?

Es decir, hay muchas condicionantes que vamos a tener que resolver para determinar cuándo será un voto nulo o cómo se va a computar. Y eso hace muy compleja la capacitación para las y los funcionarios de casilla que van a recibir el sufragio. Después estaremos decidiendo si se va a computar en la casilla, si hacemos centros de votación o si se computarán en los distritos. Son dilemas que tendremos que ir resolviendo por determinaciones del consejo general (del INE), porque la ley no nos da estas respuestas.

En ese contexto dijo que hay varios retos importantes y el número uno es contar con recursos económicos adecuados.

Sí (el proyecto precautorio) es alto, es una elección inédita; hoy no podemos hacer las actas porque no tenemos el diseño; hasta hace unos días no sabíamos cuántos cargos iban a estar en juego y la capacitación no es la misma; necesitaremos el doble de materiales. ¿Hay espacios en los que (el gasto) se puede reducir?, sí (pero) ¿la mitad, cómo se está pretendiendo?, no. Evidentemente, no. No se puede hacer una elección con la mitad de los recursos, sostuvo.

Agregó que la complicación en este proceso extraordinario inicia –por citar algunos elementos– con lo que marca la Constitución y las leyes reglamentarias que dejó un periodo de más de 40 días entre la integración de las listas de candidatos (por parte de los comités de evaluación) y el inicio de campañas, periodo en el que cualquier expresión pudiera ser acto anticipado.

Asimismo, cómo se fiscalizarán los recursos autorizados para viáticos y traslados (el tope es 229 mil pesos); consideró que como los candidatos son profesionistas, abogados, las exigencias deben ser mayores.

Hay otros dos temas fundamentales: el diseño de las boletas que deberán ser de tipo pedagógico frente a esta elección inédita y vericuetos, y la capacitación tanto a los que harán trabajo de campo como a los ciudadanos funcionarios de casilla.

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