Madrid. Por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, una de las figuras más relevantes del sistema penal, será juzgado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, tras dar a conocer datos personales relacionados al caso contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusado de fraude fiscal. El máximo responsable de la Fiscalía emitió una nota en la que anunció que no presentará su renuncia con “el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menor gravoso y más prudente”, tras recibir además el espaldarazo del gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y por los dos partidos que forman la coalición en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.
García Ortiz fue nombrado por el presidente Sánchez, si bien una vez que asume el cargo, tal y como establecen los estatutos tiene autonomía para actuar, máxime cuando es la cabeza de la estructura fiscal que indaga en delitos relacionados con el ejercicio del poder, como actos de corrupción, nepotismo o negligencia. Tras anunciar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo su imputación, un hito en la historia democrática del país, el fiscal García Ortiz anunció su “intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal General del Estado” y advirtió que había convocado si bien esta situación es “inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española”.
El propio presidente Sánchez ya afirmó hace unos meses, ante la posibilidad de que se diera este escenario, que el gobierno apoyará al fiscal y en ningún caso era partidario de su dimisión. Como así ratificó el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, quien señaló que “lo tenemos claro; entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad”.
En medio de esta tormenta judicial y política, la Fiscalía Anticorrupción pidió al Tribunal Supremo que dada su condición de aforado inicie los trámites para la imputación de José Luis Ábalos, actualmente diputado sin partido, pero que fue la mano derecha del presidente Sánchez durante su primera etapa en el gobierno, al ejercer como ministro de Fomento y como secretario de organización del partido. Se le acusan de varios delitos, entre ellos los de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
