Ciudad de México. En la región de América se enfrentan grandes dificultades en materia de derechos humanos, particularmente por el desplazamiento forzado, la migración, el déficit de los sistemas de refugio y las crisis humanitarias que se vive en diversos países, aseveraron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles.

En una audiencia pública, en el marco del 190º período de sesiones de la CIDH, la relatora sobre Movilidad Humana de esta comisión, Andrea Pochak, manifestó que es momento de acciones para hacer frente a este flagelo. “Hay muchas palabras y diagnósticos, la situación es clara”, afirmó.

Gabriela Liguori, del Grupo Articulado Regional del Plan de Acción de Brasil, expresó la preocupación de las organizaciones civiles respecto a que incluso en países que han manifestado una tradición comprometida con los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, “se observan prácticas regresivas que obstaculizan el derecho a migrar y a solicitar asilo, tales como las deportaciones, reconducciones, expulsiones y la militarización de fronteras”.

En la región, aseguró, se observa que se viola el principio de no rechazo y no devolución. Un ejemplo claro, mencionó, es la aplicación de la política migratoria estadunidense Título 8, “por la cual Estados Unidos regresa a México a personas no mexicanas que solicitan asilo en aquel país. Se les ingresa de forma forzada a las estaciones migratorias y/o se les traslada al sur” del territorio mexicano.

Una vez en esa frontera sur de México, agregó, “son abandonados en las calles, sin documentación migratoria o con oficios que les indica que deben salir del país. Muchas de estas personas están en extrema situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, la activista expuso que en los límites entre Guatemala y México, que cruzan miles de migrantes, se han documentado varias violaciones a derechos humanos “y el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la utilización de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas integrantes de caravanas. También se documentaron ejecuciones extrajudiciales de personas en movilidad”.

En su turno, Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, se refirió particularmente a lo que sucede en el Darién, “peligrosa selva entre Colombia y Panamá que han atravesado más de medio millón de personas sólo el año pasado”.

Indicó que las restricciones de movimiento, como la imposición de visados promovidas por Estados Unidos, contribuyen, junto con el aumento de la migración desde América del Sur el norte, al incremento de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan esta selva exponiéndose a abusos y fortaleciendo al crimen organizado.

“La evidencia muestra que tras la imposición de visados a venezolanos y ecuatorianos por parte de México y algunos países de Centroamérica en 2021 y 2022, el número de personas de ambas nacionalidades que cruzaron el Darién se disparó notablemente”, sostuvo.

En la audiencia titulada Protección de derechos de personas refugiadas a 40 años de la Declaración de Cartagena, celebrada de manera virtual, Amnistía Internacional manifestó también su preocupación porque a. pesar de que dicho instrumento adoptado en 1984 por diversos países de América, incluido México, es el “ideal” para atender las necesidades de protección de grupos masivos de personas desplazadas y afectadas por los desastres y los impactos del cambio climático, “un elevado número de Estados” se resisten a aplicarlo a favor de personas haitianas y venezolanas.

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