Quito. La Navidad para las familias de los cuatro niños desaparecidos fue de espera, zozobra y angustia tras conocerse que en Taura, un poblado cercano a Guayaquil, se habrían encontrado varios cadáveres incinerados, que podrían ser de esos chicos. Pero para determinar que se trataban de ellos, habría que esperar hasta este viernes o el próximo lunes porque los cuerpos están en avanzada descomposición, sus huellas dactilares irreconocibles, por lo que solo un examen de ADN podría dar una pista de su identidad.
En cambio, para el gobierno de Daniel Noboa la jornada navideña fue de alto impacto negativo, pues la jueza Tanya Loor Zambrano aceptó este 24 de diciembre la demanda de ‘habeas corpus’ que presentaron las familias de los cuatro niños desaparecidos en el barrio Las Malvinas, de Guayaquil. Acogiéndose a las evidencias mostradas por las familias, Loor determinó que se trataba de una desaparición forzada de los menores y responsabilizó al Estado ecuatoriano, ordenando medidas cautelares inmediatas para buscar a los niños.
La audiencia solicitada por los familiares, junto con organizaciones de defensa de Derechos Humanos se realizó a puerta cerrada con los representantes de la Fiscalía, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa que presentaron sus versiones, pero no convencieron a la jueza. Los abogados de la familia denunciaron inconsistencias en esas versiones y la ausencia de registros oficiales que justifiquen la actuación de los 16 militares involucrados.
Entre otras cosas más, la jueza Loor ordenó que el Estado ecuatoriano, a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas y las instituciones de seguridad nacional como Fuerzas Armadas, unidades especializadas de la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, realicen los actos investigativos pertinentes en todo el territorio nacional.
Tras esta decisión judicial, los 16 soldados están bajo arresto, pero a cargo de agentes de inteligencia del ejército, en la misma base militar de Taura, luegar donde presuntamente fueron traslados los chicos y supuestamente asesinados. Por ese motivo, la reacción de varios sectores fue rechazar esa condición pues eso podría dar paso a que se configure una estrategia de defensa. Normalmente en este tipo de casos se aisla a los señalados, se los incomunica y detiene en una prisión de carácter preventivo.
Taura es una parroquia rural, a 45 kilómetros del sitio de la detención de los niños, en el sur de Guayaquil. Se trata de una zona agrícola y camaronera, donde los miembros de la patrulla militar dijeron haber “liberado” en horas de la noche (sobre las 22:40) a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años respectivamente; de Nehemías Arboleda (15) y de Steven Medina (11), tras su captura por un presunto robo en Guayaquil, el 8 de diciembre de 2024.
Frente a todo esto, ninguna de las altas autoridades del gobierno se pronunciaron hasta ayer miércoles. El presidente Noboa envió un mensaje navideño en las cuentas oficiales y personales de redes sociales y a cambio recibió una avalancha de críticas. Todas tenían un eje común: “Devuelvan con vida a #LosCuatroDeGuayaquil”, hashtag que se convirtió en tendencia en las úlitmas 72 horas.
Además, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una entrevista del 23 de diciembre por la noche, explicó que Noboa no ha pedido declarar héroes a los cuatro niños, sino que se conforme una comisión para que sugiera esa posibilidad. La explicación ocurrió después de una virulenta reacción de defensores de Derechos Humanos y activistas que calificaron de denigrante esa opción, cuando ni siquiera se han encontrado los cuerpos y menos aún si efectivamente se sabe si están muertos.
Y mientras ocurría la audiencia surgió la noticia, al caer la tarde del 24 de diciembre, de que se habían encontrado, en un riachuelo cercano a la base militar de Taura, varios cadáveres incinerados. Según las primeras investigaciones, los cuerpos fueron encontrados en un sector de difícil acceso, al cual solo se podía llegar en bote. Este descubrimiento ocurrió mientras un equipo policial rastreaba el área en busca de los menores desaparecidos.
Esa misma noche, esos cuerpos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, pero los análisis forenses para determinar su identidad y las causas de su muerte hasta la noche de ayer no lograban su objetivo porque estaban en avanzada descomposición y al haber sido incinerados se pierden algunas partes que dan paso inmediato a su identificación.
Los análisis de ADN, según los voceros de las organizaciones de Derechos Humanos, toman entre 30 y 40 días para confirmar las identidades de cuerpos en esas condiciones, pero también hay otra posibilidad: según la información que han recibido las familias en el Servicio Forense, se podría hacer un análisis antropológico entre el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre, con algún grado de confiabilidad.
