Buenos Aires, El gobierno argentino aplaudió la aprobación en la Cámara de Diputados, por 144 votos a favor y 109 en contra, de un proyecto de ley ómnibus que delega facultades legislativas en el presidente, Javier Milei,y que establece la privatización de numerosas empresas públicas.
“La Oficina del presidente celebra el voto positivo de los señores diputados que aprobaron en general la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, señaló el organismo el viernes en un comunicado.
El Ejecutivo agradeció la colaboración de los bloques de oposición que avalaron la iniciativa, como el PRO, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019); la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal.
“A pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance”, consignó la Oficina.
El gobierno reclamó “la misma grandeza” para cuando se vote este martes cada uno de los 382 artículos que componen la norma, a fin de poder girar el proyecto al Senado “y comenzar a devolverle la dignidad al pueblo argentino”.
En esa línea, el gobierno aseguró que el único camino viable es el de la libertad, el trabajo y el orden.
Según la actual gestión, “la historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en favor del pueblo, que ha sido empobrecido y hambreado durante años por la clase política”.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), logró sacar adelante la iniciativa tras 31 horas de debate, con 23 horas de discusiones fragmentadas entre el miércoles y el jueves, a las que se sumaron otras nueve horas esta jornada.
La sesión del viernes comenzó con una serie de cuestiones de privilegio (denuncias o mociones) que plantearon los diputados para rechazar la represión policial que hubo el miércoles y el jueves contra manifestantes de partidos de izquierda y de otros movimientos sociales por protestar contra la iniciativa del oficialismo.
El proyecto de ley delega facultades del Poder Legislativo en el presidente, a partir de una declaración de emergencia que rige por un año, prorrogable por otro, y que pasó de abarcar 11 áreas a delimitarse a cinco: administrativa, económica, financiera, tarifaria y energética.
El texto, sobre el que el oficialismo tuvo que hacer varias concesiones, también plantea una reforma del Estado, la privatización de 27 empresas públicas, de las 41 originales, y la privatización parcial de otras tres compañías.
El Ejecutivo de Milei mantiene bajo el espectro privatizador compañías como Aerolíneas Argentinas, la empresa de agua AySA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, la agencia de noticias Télam y la Televisión Pública, lo que genera resistencias entre algunos diputados y gobernadores.
La iniciativa del oficialismo ha sido cuestionada por desfinanciar la cultura y eliminar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Instituto Nacional del Teatro, y el Fondo Nacional de las Artes, entre otras instituciones públicas.
El texto pauta modificaciones en regulaciones comerciales y en temas ambientales, con cambios en la legislación que protege los bosques, los glaciares y los territorios de las quemas.
El proyecto también incide en los regímenes de infraestructura, transporte, educación, producción y energía e hidrocarburos, cambia el registro de las actividades mineras y establece un estándar sanitario único para toda la industria frigorífica.
La norma se debe aprobar ahora artículo por artículo antes de ser girada al Senado para su sanción definitiva.
