Santiago. El gobierno centroizquierdista chileno alcanzó un acuerdo con senadores derechistas para introducir cambios en el régimen de pensiones de capitalización individual, los cuales si bien no alteran la esencia de aquel, sí abren una posibilidad de iniciar un seguro social previsional de solidaridad intergeneracional a cargo del Estado, algo hasta ahora imposible por la resistencia a tocar la “piedra angular” del neoliberalismo instalado en el país.
La reforma, imperiosa de concretar dadas las jubilaciones paupérrimas que pagan las administradoras de fondos de pensiones (AFP) -en promedio de 160 dólares mensuales, inferiores a la mínima garantizada por el fisco de 230-, está estancada hace más de una década, en parte por la incapacidad de la política de consensuar, pero esencialmente por la resistencia de aquellas, a cargo de 250 mil millones de dólares ahorrados, que les facilita controlar el mercado de capitales y ganancias de 9 mil millones de dólares en cuatro décadas.
El ajuste acordado por la administración de Gabriel Boric permite que las AFP prevalezcan -pese a su promesa de eliminarlas-, pero creará condiciones para el ingreso de actores, por ejemplo, licitando cada dos años la cartera de clientes, lo cual alentaría abaratar las comisiones que cobran, lo mismo que ajustar estas según el rendimiento de los fondos.
El meollo de la propuesta -pendiente de aprobarse en el Senado y desde marzo en la Cámara de Diputados, un debate que se prevé complejo- radica en crear un aporte con cargo al empleador del 7 por ciento del salario, sumándose a la cotización de 10 por ciento que hace el trabajador.
A ese 17 por ciento se agregará un 1,5 por ciento del Seguro de Invalidez y Supervivencia (SIS) también aportación de los patrones.
Del 8,5 por ciento global proveniente del empleador, un 4,5 por ciento iría directamente a las cuentas de capitalización individual, un 2,5% al SIS y el restante 1,5 por ciento será un “Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida” como préstamo al Estado para iniciar un seguro social cuya misión será igualar las pensiones de mujeres y hombres, hoy hasta 60 por ciento inferiores las de ellas.
Ese aporte diferido será integrado a la pensión del trabajador a cuyo nombre se hayan efectuado las cotizaciones una vez que este se pensione, incrementado con intereses y reajustes.
“Después de 43 años, los empleadores van a contribuir, 43 años en que sólo los trabajadores han tenido que cargar con la mochila de la cotización previsional, lo cual no ocurre en los demás países, ocurría aquí y ha costado mucho lograrlo”, destacó la ministra del Trabajo Jeannette Jara, agregando que “este acuerdo no es perfecto pero es un gran avance y por eso lo valoramos. Es un avance para el país, para los pensionados y para sacar a nuestro sistema del extremo en el que lo tiene las AFP”, mencionando la situación inédita donde el patrón no aporta a la jubilación del empleado.
Mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguraba que “estamos llegando a un sistema efectivamente mixto en materia de financiamiento, donde los aportes van a quedar estructurados prácticamente en tres tercios. El aporte de los trabajadores va a ser del 2,9 por ciento del PIB; 2,4 va a corresponder a los empleadores y 2,5 al fisco. Comparado con lo que fue el sistema en sus inicios, que se apoyaba exclusivamente en las cotizaciones de los trabajadores, ahora pasamos a tener un esquema mixto para efectos prácticos tripartito, que es lo que le da sostenibilidad en el tiempo al sistema”.
Según Hacienda, se beneficiarán 2,8 millones de adultos mayores cuyas pensiones se incrementarán entre 14 y 35 por ciento; también se elevará de 230 a 250 dólares mensuales la pensión garantizada universal.
