Ciudad de México. La Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam) hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para reconsiderar la Reforma Judicial y adoptar medidas que fortalezcan, en lugar de debilitar, la independencia judicial y la separación de poderes. “La justicia debe ser administrada por jueces imparciales y autónomos, libres de presiones políticas y económicas, para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la preservación del orden democrático”.
Apunto que la selección de candidatos a jueces por parte de comités evaluadores controlados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, y su posterior elección por voto popular, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo frente a los otros poderes del Estado.
Por ello, reiteró su compromiso con la defensa de la independencia judicial y la separación de poderes en toda América Latina y se solidarizó con los magistrados mexicanos “en su lucha por mantener la integridad y autonomía de su sistema judicial”.
Indico que el Poder Judicial (PJ) tiene la función crucial de proteger los derechos fundamentales y las reglas del juego democrático, incluso frente a las mayorías políticas. “La legitimidad del Poder Judicial no se basa en el voto popular, sino en su capacidad para actuar como un centinela contra la tiranía de las mayorías. Un Poder Judicial que depende del voto popular no puede adoptar una postura contramayoritaria, lo que compromete su capacidad para proteger los derechos de las minorías y garantizar la justicia”.
Dijo que otro factor preocupante es la posibilidad de que el PJ sea cooptado por el crimen organizado. La experiencia en otros contextos, ha demostrado que candidatos apoyados y financiados por el crimen organizado pueden ser elegidos, lo que pone en grave peligro la eficacia de la jurisdicción penal. La elección popular de jueces podría convertir al Poder Judicial en un foro de protección de los intereses de las bandas criminales, comprometiendo su autonomía e imparcialidad.
Pero no solo eso, señaló que la reforma mexicana se enmarca en un contexto de erosión democrática, donde se observa un resurgimiento de regímenes autoritarios que utilizan mecanismos de cambio constitucional para socavar la democracia. “Este fenómeno, conocido como “constitucionalismo abusivo”, implica el uso de reformas constitucionales que, aunque respetan las normas de procedimiento, tienen como único objetivo minar la capacidad de la oposición para competir y poner en riesgo la protección de los derechos fundamentales. La reforma en México es un claro ejemplo de este tipo de abuso, ya que desestabiliza las instituciones de control y perpetúa el poder de los grupos políticos dominantes”.
Agregó que la separación de poderes “es un principio esencial para evitar la concentración de poder y garantizar un sistema de pesos y contrapesos. La reforma constitucional en México permite una intervención directa y amplia del poder político en la composición del Poder Judicial, lo que viola este principio fundamental”.
