Santiago. La Fiscalía de Chile presentó hoy (martes) cargos penales en contra de quien hasta el pasado viernes fue el general director de la policía militarizada de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien acusa de ser responsable de delitos de “omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” durante el estallido social de 2019, un levantamiento ciudadano que se saldó con a lo menos 38 muertos y miles de heridos y mutilados.
Junto a Yáñez, quien como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad debía supervisar las operaciones y emitir directrices para guiar el control en las calles, también se acusa al entonces general director, Mario Rozas, y el exsubdirector Diego Olate.
El Ministerio Público documentó casi mil 400 casos de violaciones a los derechos humanos, de los cuales la fiscal Ximena Chong dará cuenta uno a uno ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, con los cuales espera demostrar que no hubo las medidas adecuadas para prevenir o controlar el uso excesivo de la fuerza durante las protestas que se sucedieron por semanas.
Chong, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, detalló que Yáñez, Rozas y Olate, “omiten sus deberes de intervención y no ejecutan acciones para impedir o hacer cesar su comisión”, pese a ocupar “mandos de niveles estratégicos con deberes específicos en el Control de Orden Público”.
“No emanó ni instruyó actos administrativos, instrucciones u órdenes generales orientadas a limitar el uso de gases lacrimógenos o la munición antidisturbios, ni que propendiera a impedir detenciones arbitrarias o cualquier otra medida que implicara cambios de las armas y municiones empleadas en el control de las manifestaciones sociales, de modo de impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que el personal subalterno, a su cargo y bajo su mando, estaba cometiendo”, relató.
Dijo que la cantidad de lesiones de manifestantes imputables a Carabineros, “fueron conocidas por la Dirección de Orden y Seguridad de la institución, por el imputado Yáñez Rebeco”, pero que además le e fue encomendada esa tarea desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
De modo que “la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, sólo en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2.438 personas, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo del año 2020″.
“De esos casos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares”, detalló.
El ex oficial, hablando a la prensa, justificó lo actuado, señalando que “quienes ejercíamos el mando, en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que era imposible”.
