Lima. El fiscal interino de Perú, Juan Carlos Villena, recibió hoy en su despacho a una delegación de familiares de medio centenar de víctimas de la represión a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Los visitantes plantearon al anfitrión su demanda de justicia por las vidas perdidas y celeridad en las indagaciones para establecer responsabilidades y juzgar a los perpetradores, lo cual manifestaron desde ayer en marchas y concentraciones.
Los dirigentes de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la mayoría en el sur del país, pidieron la audiencia para conocer los avances de las pesquisas.
Los dirigentes, de las regiones de Puno, donde hubo la mayor cifra de occisos, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ica, La Libertad y otras demarcaciones, iniciaron ayer sus actividades con una marcha por el centro de Lima, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, y los acompañaron miles de manifestantes limeños.
Ayer realizaron un plantón ante el Palacio de Justicia, donde expusieron las fotos de los caídos, casi todos, según las pesquisas, civiles desarmados que en muchos casos no participaban en las protestas cuando fueron abatidos por policías o militares, según denuncian sus deudos.
Hoy marcharon hasta la sede central del Ministerio Público, en el centro histórico de Lima, donde se registraron roces entre la Policía y los manifestantes.
La organización de familiares reclama respeto a los derechos humanos y al de protesta, así como celeridad en las investigaciones sobre las muertes en los luctuosos sucesos que dejaron también más de mil heridos.
Exige igualmente sanciones para los responsables directos e indirectos, entre los que incluyen a miembros del gobierno y altos jefes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Se solidarizan además con la demanda sindical de respeto a los derechos laborales y salarios que permitan costear la llamada canasta familiar de subsistencia, así como elecciones adelantadas presidenciales y parlamentarias.
Sobre el malestar reinante en el sur del país por las muertes, el ministro de Inclusión Social, Julio Demartini, informó que el gobierno apunta a restaurar el diálogo con las regiones sureñas, en torno a obras de desarrollo, mientras las investigaciones sobre los muertos, las cuales incluyen a la presidenta Dina Boluarte, quedan en manos de la Fiscalía.
