Ciudad de México. A seis meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la familia de la víctima denunció que los gobierno federal y estatal no han cumplido con lo ordenado por este tribunal para investigar y dar con su paradero.
Magdalena González, hija de Antonio -desaparecido en 1999 por un grupo paramilitar en Sabanilla, Chiapas-, expuso que sólo se ha realizado una jornada de búsqueda con la participación de las autoridades, que fue en abril pasado, y aunque hubo el compromiso de brindarles atención sicológica, a la fecha esto no se ha cumplido.
“Dijimos que sería después de la búsqueda, pero no nos han mandado nada”, aseguró en conferencia de prensa.
También, sostuvo que si bien se acordó colocar una placa con el nombre de su papá en la Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal, “no quieren que aparezca como desaparición forzada ni tampoco que pertenecía a las bases del EZLN”.
En cuanto a la investigación, Chloé Stevenson, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -organización civil que acompaña el caso-, señaló que el plan de la fiscalía estatal “presenta todavía importantes deficiencias”.
Queda patente, detalló, que la esta autoridad “desconoce la propia sentencia (de la CoIDH), la cual establece la desaparición como forzada, cuyo autor material, digamos, es un integrante del grupo paramilitar Paz y Justicia. Pero el plan pone en duda hasta la presencia” de este grupo en Sabanilla y en la zona.
Igualmente, añadió, la fiscalía propone indagar sobre el perfil de Antonio para determinar si era susceptible de haber sido blanco de un grupo paramilitar. “Esto es otro grave retroceso porque la sentencia bien deja claro que, el motivo de la desaparición es precisamente su pertenencia a este movimiento político-social”.
Las acciones de investigación propuestas, insistió Stevenson, evidencian además una ignorancia de las pruebas y de los indicios que sostienen la misma sentencia, que no sólo han sido aportados por la familia o por el Frayba, sino también por el mismo Estado.
Destacó que la sentencia de la CoIDH es histórica porque es la primera sobre un caso de violación grave a los derechos humanos en el contexto de la contrainsurgencia en Chiapas.
Indicó que a pesar de que el Estado cumplió con una de las medidas, que es la reparación económica, persiste “la falta de voluntad política de manera general para cumplir” con el resto de lo ordenado.
Por su parte, Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla desaparecido en 1974 en un retén militar, lamentó que pese a las sentencias de la Corte Interamericana, los gobiernos no realicen “investigaciones claras y efectivas”.
En su caso, dijo, ya se cumplieron 15 años de lo dictado por este tribunal y “aún no sabemos qué pasó con Rosendo.
Indicó que en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, de la que es parte, ya han fallecido 102 personas sin conocer el paradero de sus seres queridos y sin justicia.
