Ciudad de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) conoció de nueva cuenta sobre la violencia que sufren las mujeres en México y los obstáculos e impactos que padecen junto con sus familias en su camino por obtener justicia. Ahora fue en voz de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En una audiencia pública para solicitar a la Corte que declare la responsabilidad del Estado mexicano por las omisiones y negligencias del caso, Norma denunció que a 24 años de la desaparición y posterior feminicidio de su hija sólo hay un detenido, de quien la familia y sus abogados no tienen certeza que esté relacionado con los hechos, mientras ella ha sido víctima de dos atentados y sus nietos han padecido diversas afectaciones.
En tanto, la representación del Estado mexicano frente al pleno de la CoIDH reconoció su responsabilidad parcial, entre otras, por la falta de prevención de la violencia contra la víctima en el contexto de feminicidios en Ciudad Juárez, las deficiencias en la investigación inicial debido a “infraestructuras inadecuadas y falta de especialización de la procuración de justicia con perspectiva de género”.
Indicó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, destacando la defensa de los derechos de las mujeres como una prioridad, “marcando un avance en justicia de género para garantizar una vida libre de violencias y discriminación para todas”.
La delegación del Estado mexicano conformada por el embajador de México en Costa Rica -donde la CoIDH tiene su sede-, Víctor Sánchez; el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha; entre otros, también defendieron la investigación actual y la detención del presunto responsable.
La representación aseguró que el detenido de nombre Manuel Navarro se ubicó tras el hallazgo de una osamenta femenina y porque de una muestra genética tomada a dicho hombre por ese caso se obtuvo concordancia con las evidencias que se tienen de Lilia Alejandra.
No obstante, los abogados de Norma subrayaron que a la fecha no se le ha tomado una prueba genética específicamente por el feminicidio de Lilia Alejandra que confirme lo expuesto por las autoridades y que en 2018 un juez negó una orden de aprehensión al no estar acreditada su probable responsabilidad.
Por su parte, los jueces de la CoIDH hicieron notar que en la investigación por el feminicidio de Lilia Alejandra tampoco se ha tomado en cuenta las denuncias de Norma por los atentados de los que fue víctima.
La jueza Verónica Gómez dijo al testigo del Estado mexicano, al agente de ministerio público de Ciudad Juárez, Fernando Romero Pérez que “es curioso que en un caso con ocho líneas de investigación y 24 años de indagación todas las personas sobre las cuales se pone foco están muertas o ya están detenidas”.
En su comparecencia, Norma Andrade narró que Lilia Alejandra, madre de dos hijos que soñaba con ser periodista, desapareció a la edad de 17 años el 14 de febrero del 2001. Expuso que aunque acudió a la fiscalía estatal a denunciar el hecho, las autoridades le dijeron que debía esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, por lo que fue hasta el 16 de ese mes que logró hacerlo.
Indicó que el 21 de febrero del 2001 fue hallado el cuerpo de su hija en un terreno baldío, a 500 metros de donde un día antes una señora había denunciado a la policía que vio desde su garage como hombres “estaban golpeando y torturando a una jovencita”. La necropsia de Lilia Alejandra arrojó que “tenía entre 24 y 36 horas de haber sido asesinada y que murió de asfixia por estrangulamiento y tortura sexual”.
Norma declaró que durante ocho años se abrieron varias líneas de investigación, que se fueron cerrando al no tener sustento, pero que gracias a una solicitud de sus abogados para el reprocesamiento de todas las evidencias que se tenían lograron la identificación de un perfil genético que arrojó una concordancia en cuanto a linaje paterno con un policía que fue asesinado en febrero 2010, y que los agresores estaban involucrados con otros tres casos de niñas de entre 13 y 16 años de edad.
Sobre los atentados de los que ha sido víctima, Norma expuso que el 2 de diciembre del 2011 afuera de su domicilio en Ciudad Juárez un sujeto le disparó en cinco ocasiones a la altura del pecho y en el hombro izquierda, y dos meses después ya estando desplazada en el centro del país, un hombre la apuñaló en el cuello.
Expuso que tanto el feminicidio como los atentados han impactado hondamente a su familia: su esposo murió a los dos años que fue asesinada Lilia Alejandra, mientras que su nieta requirió “más de 10 internamientos psiquiátricos por crisis de ansiedad, miedo e intentos de suicidio, porque su cabecita no lograba procesar lo que estábamos viviendo”. En tanto su nieto igualmente desarrolló miedo principalmente por que puedan atentar contra la vida de Norma.
La activista, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, pidió a la Corte que emita una sentencia favorable para Lilia Alejandra para que sus agresores sean detenidos y “todas las niñas y mujeres de México, pues quiero tener la certeza de que cuando mis nietas salgan a la calle van a volver a la casa”.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo a la Corte que el caso de Lilia Alejandra muestra la persistencia de las problemáticas de los mecanismos de justicia para dar respuesta a las denuncias de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y los impactos en las familias en casos de desaparición.
