Madrid. Más de 100 mil personas se manifestaron en las calles de 40 ciudades españolas para que los dirigentes políticos atiendan a uno de los principales problemas de la sociedad en la actualidad: el problema al acceso a la vivienda, ya sea en venta o en alquiler, y que afecta sobre todo a los más jóvenes, que son los suelen tener los salarios más precarios.
Entre las protestas más multitudinarias destacaron las de Madrid, Barcelona, San Sebastián y Málaga, en las que se exigieron una serie de reivindicaciones conjuntas, entre ellas la rebaja generalizada de los alquileres en un 50 por ciento y que se exija por ley los contratos indefinidos, para no tener que renovarlo cada cinco o siete años, como ocurre actualmente.
En Madrid, en donde la delegación del gobierno calculo la asistencia en unas 15 mil personas y que las asociaciones convocantes la elevaron hasta “100 mil”, la marea humana a favor de cambios en la política de vivienda recorrió el centro de la ciudad hasta confluir en la Plaza de España. Muchos ellos portaban pancartas contra los “fondos buitre” y arremetían contra las políticas públicas de vivienda, sobre todo del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, donde gobierna la derechista, Isabel Díaz Ayuso.
Pero las exigencias generales, acordadas con el resto de las 39 ciudades que salieron a protestas, incluían reivindicaciones y críticas contra todas las administraciones públicas, desde el Ejecutivo central, del socialista, Pedro Sánchez, que lleva siete años en el poder y lejos de resolver este problema se ha agudizado, hasta el resto de gobiernos autonómicos y municipales, éstos últimos por su responsabilidad en la proliferación de las viviendas de alquiler turístico o de la llamada “alquiler de temporada”, que se ha convertido en una renta “turística encubierta”.
Todas las protestas salieron bajo el mismo lema: “Acabemos con el negocio de la vivienda”, que además fue respaldada por numerosas organizaciones políticas, sindicales y civiles, entre ellas los partidos de izquierda, como Sumar y Podemos, y los sindicatos mayoritarios, como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
En el manifiesto explicaron que “los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda. El enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho”.
La protesta estuvo coordinada por los llamados “Sindicatos de Inquilinos”, que ya tienen respaldo social en ciudades como Madrid, Barcelona, Vigo, Asturias, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Ibiza, San Sebastián y Bilbao, que además coincide con las localidades con mayores problemas de vivienda.
Pero también hubo protestas masivas en ciudades como Albacete, Castellón, Alicante, Menorca, Valencia, Segovia, Palma de Mallorca, Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y A Coruña, entre otros.
Entre las exigencias destacan “bajar los alquileres un 50 por ciento”, al explicar que “en un contexto de precios en constante subida, lograr una reducción radical supondría un golpe directo al negocio que han montado con nuestras casas, y por tanto un paso decisivo en la consolidación de la vivienda como un derecho”; que se exija por ley la figura de los “contratos de alquiler indefinidos”, ya que “cada cinco o siete años nos expulsan de nuestros hogares para subir los alquileres, provocando miles de desahucios invisibles”; la “recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada”, ya que “mientras se habla de falta de vivienda, cientos de miles de casas se usan para fines que no son vivienda habitual”; el “fin de la compra especulativa”, bajo el argumento de que “la vivienda no puede ser una inversión” y por tanto “se debe prohibir la compra de vivienda si no es para vivir en ella, ya sean fondos buitre o rentistas individuales”.
Además de la “desarticulación de grupos de desocupación”, ya que según ellos “cada vez más caseros acuden a grupos de matones para echarnos de nuestros hogares con coacciones y amenazas. Estas prácticas violentas deben prohibirse”.
Desde Madrid, la vocera del Sindicato de Inquilinos, Valeria Racu, aseguró que “hoy empieza un mundo mejor, una sociedad mejor sin rentismo, sin este sistema parasitario que devora nuestros salarios, nuestra vida y nuestro futuro; lo tenemos muy claro, el miedo está cambiando de bando y no vamos a parar hasta acabar con el negocio de la vivienda”.
La ministra de Vivienda del gobierno central, la socialista, Isabel Rodríguez, respondió a la protesta masiva con un mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que “las soluciones estructurales requieren tiempo” y que comparte “algunos reclamos de los manifestantes, como el de los pisos turísticos ilegales que gentrifican los barrios”.
España es el país de la Unión Europea (UE) con una de las tasas más baja de vivienda social, con alrededor de un 2.5 por ciento, mientras que Austria es la que tiene el índice más alto, con casi un 70 por ciento en las principales ciudades y cerca de un 30 por ciento del total de la vivienda del país.
El índice medio de la UE es de 9,3 por ciento de vivienda social, en el que destacan los países con entre cero y menos de tres por ciento de casas de este tipo, que son los más pobres o los del sur, es decir Malta, Lituania, Letonia, Grecia, Chipre, Rumania, Estonia, Croacia, Portugal y España.
